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Monti Galmés

El Decreto. Contradicciones

L’amo en Biel heredó de su padre una casa en el campo construida en el siglo XVIII la cual quedó protegida en los 80’ como Bien de Interés Cultural dentro del PTM. La finca había sido extensa en tiempos pasados, sin embargo, las sucesivas herencias provocaron que los terrenos agrícolas fueran repartidos entre los descendientes quedando para Biel una porción de terreno alrededor de la casa cuya producción de algarroba y casi nula de almendra no da para cubrir los gastos de la recogida de la misma. L’amo en Biel, habiendo declinado en el pasado, por amor a la tierra y respeto a sus antepasados la venta del inmueble a extranjeros ávidos de invertir, fue tramitando con las dificultades habituales permisos para reformas y consiguió mejorar las instalaciones en la vivienda hasta conseguir niveles de comodidad acordes con las necesidades y modos de vida actuales. Al aumentar los impuestos BIC y otros gastos variables decidió tramitar plazas para el alquiler turístico. La plataforma correspondiente le notificó que para poder publicitar la finca haría falta una piscina. Hizo los planos correspondientes y solicito el permiso de obra. Después de varios años de espera el ayuntamiento le concedió la licencia y empezó las obras, pero llegó la covid y se dejaron las mismas sin terminar. Precisamente en estas fechas las estaba llevando a cabo para una vez terminadas poder solicitar las plazas turísticas a la Conselleria. Ya no podrá hacerlo.

El nuevo Decreto Ley aprobado el pasado día 11 de febrero, con bloqueo a nuevas plazas turísticas le ha quitado la posibilidad de obtener las deseadas plazas y la ilusión de poder encontrar un camino para poder subvencionar el mantenimiento de la finca. Es un daño colateral, no habrá comprensión ni tolerancia por parte de la administración pública para este aspirante a pequeño empresario.

De hecho, el mencionado Decreto Ley significa una moratoria real sobre las plazas tanto hoteleras como de alquiler turístico, incluyendo la bolsa de plazas que gestionaban los Consells. O sea que esta medida beneficia en primer lugar a los (grandes) hoteleros que tienen los derechos adquiridos, evitándoles más competencia y por lo tanto posibilitando el vender las camas con precios al alza, independientemente de la obligación de mejorar aspectos sociolaborales y la sostenibilidad medioambiental mediante una serie de recomendables medidas propuestas por las conselleries de Medi Ambient y de Energia i Canvi Climatic que serán por añadidura subvencionados. Es música celestial.

Recordemos que la primera gran regulación de las plazas turísticas en las IB se hizo en al Decret 30/ 1984 conocido como Decret Cladera, que preveía una ratio de 30 m2 de suelo edificable por cada plaza turística. Esta ratio se duplicó pasando a ser de 60 m2 en el año 1987. Fue una manera inteligente de no prohibir sino de exigir calidad. Ahora se podría haber regulado de forma parecida exigiendo ratios que conlleven inversión para poder ejecutar mejoras o aumentos de plazas. Es de cajón que la reforma de un casal antiguo no tiene sentido sin el uso turístico. El prohibir es una forma de desmotivar a la gente, siempre es mejor dejarle puertas abiertas para que pueda buscar soluciones, aunque estas sean difíciles. Sólo prohíben los débiles.

Es un hecho constatado el que las Baleares han crecido a un ritmo frenético. Según GADESO se ha pasado de 613 mil habitantes en 1979 a los actuales 1,18 millones, (+92,5%), o sea que en cuatro décadas se ha duplicado la población. Comparando estos datos con el numero de camas hoteleras en los últimos 17 años, estas se han aumentado en un total de 20.146, (+4,6%) debido principalmente a legalizaciones y aumentos posibilitados por una normativa que permitió reformas y mejoras de calidad de los establecimientos en el año 2016, provocando a su vez grandes inversiones económicas que mejoraron la calidad y beneficiaron a las empresas de servicios en general.

Las contradicciones son sin embargo enormes si se interpreta a las Illes Baleares como un todo y no sólo desde el punto de vista turístico. Hay que darse cuenta de que dicha presión humana viene también provocada por las posibilidades legales de crecimientos urbanísticos en los pueblos y ciudades de la isla. Es impactante enterarse lo que sus diferentes PGOU, muchos de ellos actualizados y otros aún en tramitación permiten o permitirán en el futuro inmediato. Cito como ejemplo las alegaciones del GOB contra la posibilidad de crecimiento de Felanitx en los próximos diez años nada menos que en 1.580 nuevas viviendas, o sea que podría haber un aumento de más de seis mil nuevos habitantes. Manacor ha aprobado el pasado año su PGOU rebajando la locura de un posible crecimiento de hasta 207 mil habitantes que permitían sus normas subsidiarias hasta un techo de población de 74 mil habitantes, o sea 30 mil más de los que tiene en la actualidad (+75%). Y ahora sumen las posibilidades de crecimiento en chalets y apartamentos de Inca, Andratx, Calvià, sa Poble, Alcúdia, etc Mallorca podría tener mas de un millón y medio de habitantes en diez años más los no inscritos oficialmente y la población flotante. Habrá que solicitar plaza para poder tumbarse un domingo en es Trenc con doce meses de antelación.

Estas contradicciones, de querer parar la presión humana congelando nuevas plazas turísticas y permitir aumentarla considerablemente vía municipal suena a error de bulto, pues díganme los que de esto entienden, ¿de qué van a vivir los moradores de estas nuevas construcciones en los pueblos y ciudades? o ¿serán todos los compradores ciudadanos europeos retirados que invierten en segundas residencias y viajan de tanto en cuanto a la isla provocando a su vez aumento de vuelos y alquileres bajo mano? Estos crecimientos aún teóricos pero posibles, conllevan consumo de territorio, de agua (¡pobre Gorg Blau!) y energía (¿reapertura de Es Murterar?) o con un aumento gigantesco de placas fotovoltaicas, repartidas por los campos en donde antes florecían los almendros y por las marinas de Llucmajor. La maltrecha producción agrícola, huertos, frutales y la ya casi extinguida ganadería local no dará abasto ni para una parte de estos ciudadanos y menos aun para los establecimientos hoteleros que deben de cumplir con las nuevas normas de economía circular. Más casas significan más coches. Habrá que ampliar polígonos industriales, potabilizadoras y depuradoras.

Se cierra ahora mediante decreto el grifo a la única industria seria y de prestigio, pero se mantiene la manguera abierta para crecer en los pueblos y ciudades, pues ya se sabe que el consistorio municipal tiene que aprobar presupuestos y estos se nutren en gran parte de las cuotas por dichas obras. Son contradicciones de calado. Vergüenza me da que seamos tan falsos y nos creamos nuestras propias medias verdades. Laurel para los vencedores.

Al GOIB los medios le conceden el prestigio de haber hecho una ley pionera en el turismo que sentará cátedra mundialmente hablando, pero este Decreto Ley no soluciona el problema global de las IB, sólo maquilla una parte. La presión sobre las carreteras, sobre las playas, tanto si son vírgenes (las menos) como si hace decenios que fueron desfloradas (las más) seguirá aumentando mientras no se regule a su vez el crecimiento urbanístico, o sea de población, así como el flujo de migrantes con la posterior creación de guetos. Pero cuidado, este tema es tabú, hay muchos votos en juego.

Mientras tanto, l’amo en Biel, se quedará sin la posibilidad de contratar, pagando, seis míseras plazas turísticas para su casa en el campo y en contradicción su municipio crecerá sin pausa en miles de habitantes.

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