La nueva Ley Turística del Govern no es el cambio de modelo que reclamaban economistas y una gran parte de la izquierda para la postpandemia. No hay ruptura con el modelo anterior, no nos saca del monocultivo, no va acompañada de otras medidas legislativas de igual calado que promuevan la diversificación económica, ni tampoco garantiza que la economía de Balears no pueda volver a irse otra vez literalmente al garete como en 2020 ante una nueva eventualidad de escala mundial. Pero a la vez no se puede dejar de reconocer que el Govern de Francina Armengol da un paso de gigante. Y que además lo hace como resultado de un amplio acuerdo con el sector y dando respuesta a demandas ciudadanas que vienen de muy atrás y van mucho más allá de las posiciones de los partidos políticos.
Declara una moratoria de cuatro años para nuevos crecimientos de plazas hoteleras y vacacionales, poniendo freno a un incremento de la saturación que agota recursos, aumenta la contaminación y empeora la calidad de vida del residente y visitantes. Liga las ampliaciones y remodelaciones hoteleras a una pérdida de plazas turísticas, impidiendo en cualquier caso crecer en altura. Y, al mismo tiempo, impulsa la rebaja de las cargas de trabajo de un sector con grandes nichos de explotación laboral. Y lo hace con un sistema de vigilancia, la incorporación al convenio de las medidas pactadas e impulsando la nueva contratación. Quizá no sea todo lo que se esperaba, pero es mucho, cuando con demasiada frecuencia el Govern ha preferido acompañar amablemente al empresario turístico sin molestarle demasiado y posponer todas las reclamaciones ciudadanas sobre un sector del que en Balears no se puede vivir al margen.
