Suscríbete

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Verónica Fumanal

Verónica Fumanal Callau

Especialista en comunicación política

Oposición trumpista

La teoría del Gobierno no legítimo bajo permanente sospecha no puede ser el único reclamo de un partido que aspira a gobernar el país, más cuando ese partido es el único que ha roto el pacto antitransfuguismo para ganar voluntades que no consiguió en las urnas

El presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general del partido, Teodoro García Egea. Eduardo Parra

Tenía escrito un artículo sobre el Benidorm Fest y las implicaciones políticas de la polémica más festivalera e inocua de los últimos tiempos. Pero esta semana pasada hemos tenido dos episodios que diagnostican una deriva peligrosísima de la derecha de este país, y en especial, no de todo el PP, pero si de la dirección de los populares de Génova, que son quienes están ejecutando una estrategia de erosión de los gobiernos de izquierdas a través del ataque frontal y el descrédito de las instituciones a las que representan.

El ataque al pleno del ayuntamiento de Lorca (Murcia), el voto contrario de los diputados de UPN de tapadillo al más puro estilo Tamayo, la manipulación sobre las macrogranjas, el fake sobre los fondos europeos y la compra de los diputados de Ciudadanos y Vox para frustrar la moción de censura de Murcia tienen un denominador común: la dilapidación del prestigio de las instituciones, la burla a los procesos democráticos y el descrédito de quienes ostentan ahora mismo las mayorías en esas instituciones, gobiernos progresistas. Pablo Casado y Teodoro García Egea, para obtener el poder de las instituciones, están dispuestos a acabar con ellas.

Ahora el objetivo es Meritxell Batet, pero no ella, que les importa más bien poco, sino la institución que representa, la tercera del Estado. Difama que algo queda y así, acusándola de fraude y prevaricación, Casado y Teodoro van a jugar a la teoría de la conspiración lo que queda de legislatura. Parecen obviar que esa acusación carga contra todos los servidores públicos que trabajan en la Cámara para que prevalezca la ley y los procedimientos, los mismos que no permitieron repetir votos erróneos de Rajoy o Sánchez por tratarse de fallos humanos. El elefante del pucherazo ya planea sobre el Gobierno y el Congreso. Seamos honestos, han conseguido su objetivo y sus terminales mediáticas no les ponen ni un pero.

Esta estrategia de difamación y deslegitimación de las instituciones esconde la falta de proyecto alternativo que el propio Aznar verbalizó en la campaña de Castilla y León. Casado no es alternativa porque no la tiene, el equipo que le rodea es experto en triquiñuelas y chanchullos, puestos en marcha en el lodazal de la región de Murcia, y ahora también en Navarra, porque la traición de los dos diputados que escondieron su negativa a la convalidación tendrá su recompensa, al puro estilo Toni Cantó.

La teoría del Gobierno no legítimo bajo permanente sospecha no puede ser el único reclamo de un partido que aspira a gobernar el país, más cuando ese partido es el único que ha roto el pacto antitransfuguismo para ganar voluntades que no consiguió en las urnas. Las democracias existen porque tienen un consenso popular que las legitima, sus actores las protegen y una estructura legal clara y entendible las regula. En el momento en que uno de los principales actores deslegitima su funcionamiento y utiliza sus reglas para ir contra ellas estamos situándolas al borde del precipicio.

De igual modo que el independentismo intentó actuar contra el Estado desestimándolo y hay una parte de la población a la que le costará, si es que un día se consigue, confiar de nuevo en sus instituciones. El Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo: en lugar de «Madrid nos roba» es «el Gobierno/Congreso nos roba». ¿Y qué pasa cuando los ciudadanos creen que las instituciones les engañan? Pues que la indignación se convierte en un estallido antidemocrático que puede quedarse en un tuit de cabreo o puede canalizarse violentamente hacia políticos e instituciones, como los episodios de asalto del Capitolio o de Lorca.

Cuando una votación se pierde, aunque sea por un voto, se debe aceptar el criterio de la mayoría democrática. Poner en cuestión el resultado es poner en cuestión la democracia, las instituciones que la componen y sus reglas. No hace falta cargarse las instituciones para llegar al poder o para ganar al adversario. EEUU sigue pagando las facturas del trumpismo en el gobierno. España va a pagar muy caro que el trumpismo ya se entrene desde la oposición.

Compartir el artículo

stats