En la recta final del archivo de las diligencias sobre las actividades presuntamente ilícitas de Juan Carlos I, la presión desde Abu Dabi ha arrojado en las últimas semanas un aumento significativo. La filtración de un borrador de decreto -los trusts de Jersey, uno de los tres capítulos investigados- que al pie de la última página lleva el nombre del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sin firma, ha reflejado un subidón de esa presión.
Y tiene cierta lógica. Desde la cúpula de la fiscalía General del Estado (FGE) se vendió, avanzada la tarde del martes 5 de octubre pasado, la noticia de que las diligencias se archivarían enseguida, a lo sumo en unas cuatro semanas. Han pasado cuatro meses y en lugar del archivo, las diligencias se han prorrogado seis meses cuando aparentemente no había nada que investigar. La prórroga no tendría nada de especial y es algo normal excepto por una cosa y es que has dicho que vas a archivar.
Esa venta realizada por la cúpula desde la madrileña calle de Fortuny, inmediatamente después de una reunión de los fiscales del Tribunal Supremo encargados del caso -sin la presencia del responsable, Juan Ignacio Campos, convaleciente de una intervención quirúrgica- despreció el hecho de que estaba pendiente una información complementaria solicitada por comisión rogatoria al fiscal de Ginebra, Yves Bertossa sobre la fundación Zagatka (enigma en ruso).
Sucede que partir del 18 de junio de 2014, fecha en que abdicó y perdió su inviolabilidad constitucional, Juan Carlos I realizó alrededor de una docena de viajes al exterior en jets privados. Unos 7 millones de euros. Fueron pagados por Zagatka.
El 24 de febrero de 2021, la carta rogatoria enviada a Suiza solicitaba las cuentas de los ejercicios 2016-2019 en los bancos Credit Suisse y Lombard Odier para conocer el patrimonio de la fundación creada en Liechtenstein el 1 de octubre de 2003, entre cuyos beneficiarios figuraban Alvaro de Orleans, su hijo Andrés, Juan Carlos I y su hijo e hijas, el entonces príncipe de Asturias Felipe de Borbón, y las infantas Elena y Cristina. El 30 de octubre de 2003, el gestor Arturo Fasana abría cuenta en Credit Suisse en la cual cifraba en 250 millones de euros los movimientos previstos (ver documento). Es decir: fondos muy importantes.
La regularización de hace un año
Un día después de ser enviada la mencionada rogatoria a Suiza, Juan Carlos I regularizó, el 25 de febrero de 2021, 4.395.901 euros en concepto de «rentas derivadas de la asunción por la fundación Zagatka de determinados viajes y servicios». Juan Ignacio Campos explicó a este periódico el 8 de noviembre pasado que no podía poner fecha de archivo porque había solicitado las cuentas de Zagatka correspondientes a 2015.
La fiscal de sala responsable de Cooperación Internacional, Rosa Ana Morán, asignada al equipo de fiscales, confirmó a Campos, que en efecto, la Fiscalía de Ginebra no había remitido los datos del ejercicio 2015. Los inspectores de la ONIF a cargo de examinar la regularización necesitaban esos datos. Y por ello se hizo una petición complementaria. Los documentos llegaron a la mesa de Campos la mañana del 15 de diciembre. Esa tarde, un infarto acabó con vida de Campos mientras subía con su esposa, la fiscal del Supremo Isabel Rodríguez, a su domicilio.
«La Agencia Tributaria debió abrir una inspección al ver en los medios de comunicación las informaciones sobre los viajes que había pagado Zagatka. Máxime cuando supieron que se enviaba una comisión rogatoria a Suiza. Pero su conducta desde septiembre de 2018, cuando un juez les requirió información sobre el emérito, fue la misma durante estos casi cuatro años: no darse por aludida», explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. «Los técnicos tienen que hacer la comprobación de los ejercicios que se han regularizado. Y por eso es lógico que se hubiesen solicitado todas las cuentas desde 2014, fecha de la abdicación del monarca», añadió.
Presión desde Abu Dabi
La presión que viene de Abu Dabi pasa por alto el impacto que tendrá la conformidad que va a dar la ONIF a las regularizaciones de Juan Carlos I. La regularización es válida a efectos de la exoneración de la responsabilidad penal cuando es espontánea, antes de que se haya iniciado una actuación penal.
La fiscalía ha notificado a Juan Carlos I cada una de las tres diligencias de investigación en curso -en junio, noviembre y diciembre de 2020-, antes, precisamente de las dos regularizaciones presentadas (aparte de Zagatka hay una regularización por donaciones de 678.393,72 euros, referidas a las transferencias de su amigo, el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause). Y le ofreció personarse en ellas, cosa que no hizo.
«Si el fiscal te notifica que estás siendo investigado y te ofrece personarte, la conclusión es: no sé lo que me estaban investigando porque no me personé. Te han dado la oportunidad de enterarte, esa comunicación es válida, si tú no has querido enterarte será tu problema. Fraude de ley. Tienes tanta información que no has querido personarte», señala una fuente fiscal. «No vale eso de que es una notificación genérica porque tú como investigado sabes lo que hay. Esta regularización del emérito es muy relevante porque nos podemos cargar el sistema de regularización espontánea. Desarmas el sistema legal con un caso tan emblemático».
No es un asunto baladí. Se abre el camino a una avalancha de gente que recurra con el argumento de que quieren el mismo trato que el emérito. «Oiga, sí, sabía que había diligencias, pero como en el caso del emérito han dicho que esto no es un impedimento para el pago que exonera de la responsabilidad fiscal aquí tiene usted el cheque y a mí no me cuente historias», dice la fuente consultada.
Con todo, la ONIF lo «afinará». Pero necesita calma. Por eso: tranquilidad y buenos alimentos para la recta final.
