La aprobación de la reforma laboral se traducirá en que 52.000 trabajadores temporales de Baleares verán reconvertidos sus contratos en indefinidos, cuatro de cada diez, según estimaciones «prudentes» de un estudio de la conselleria de Trabajo que recogemos en la edición de hoy. También los agentes sociales apuntan que las islas serán uno de los territorios más beneficiados por el cambio normativo que llevará mayor estabilidad a los hogares más precarizados por la estacionalidad de nuestra economía, fundamentalmente a los fijos discontinuos. Este nuevo marco viene a reforzar un cambio que empieza a emerger en las recientes estadísticas laborales del archipiélago, con un perceptible crecimiento de la contratación fija y de la entrada de jóvenes en el mercado laboral. Sin embargo, la bronca política en la que se han instalado algunos líderes y fuerzas que anteponen lo personal y partidista al interés general a punto estuvo de dinamitar la delicada recuperación del consenso y la concertación social.

El texto que se llevó a votación al Congreso para su convalidación no era de todas patronales, ni de todos los sindicatos ni tampoco del Gobierno. Era el reflejo de un acuerdo refrendado por la mayoría de todas las partes para regular las relaciones entre empresarios y trabajadores, y comprometido con Bruselas para la consecución de fondos europeos. La propuesta esculpida, como ocurre en toda negociación, a base de algunas renuncias para conseguir ciertas aspiraciones, estuvo a punto de precipitarse al abismo. El error de un diputado del PP al emitir el voto telemático salvó la aritmética maltrecha por la indisciplina de dos diputados de UPN en un escrutinio que, después de todo lo dicho, unió a Yolanda Díaz con Inés Arrimadas y a PP y Vox, con ERC y Bildu, y que dejó un solo personaje impasible en la Cámara, Pedro Sánchez, el único que no se inquietó ante la garrafal equivocación de Meritxel Batet al leer los resultados, que se combatirán con la secuela judicial de turno para futuros enredos de distracción.

La votación ha dibujado una mayoría distinta a la de la investidura, un gobierno de izquierda con apoyos más escorados a la derecha, que no ha derogado la norma de Rajoy como prometió, sino que la ha reformado para no excluir a los empresarios como antes se hizo con los sindicatos. Al otro lado una oposición tutti frutti, que abarca desde el independentismo a la ultraderecha, y un claro perdedor, Pablo Casado, quien además de fracasar en su intento de frustrar la reforma laboral por considerar que da oxígeno a Sánchez y complica su carrera a la Moncloa, ha abierto un boquete de desconfianza en la coalición conservadora Navarra Suma, integrada por PP, UPN y Cs. Pronto llegará al Congreso el debate del salario mínimo y las pensiones, toca lamerse las heridas, reconducir tensiones y trabajar en la fórmula que garantice el bienestar ciudadano desde la viabilidad económica. No será fácil, pero sí necesario.