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Jose Jaume

Desde el siglo XX

José Jaume

Pedofilia, la Iglesia católica a un paso de la rendición de cuentas

La Fiscalía inicia una exhaustiva indagación, en el Congreso de los Diputados se puede aprobar una comisión de investigación; se acaban décadas de ominoso silencio

El Papa Francisco. El papa Francisco, cabizbajo, durante un acto en el Vaticano.

La Constitución de 1978, hoy en vigor, es, en lo concerniente a las relaciones del Estado con la Iglesia católica, un híbrido emasculado. Se declara aconfesional estableciendo relaciones preferentes con esa confesión, que se ven reforzadas por los acuerdos con la Santa Sede, rubricados en tiempos de Adolfo Suárez para sustituir al Concordato rubricado en los inicios de la década de los 50 del pasado siglo entre el Vaticano y la dictadura franquista, considerados abiertamente anticonstitucionales, pero que no ha habido forma de que fueran denunciados. A la derecha no se le pasa por la cabeza. El PSOE soba la cuestión cuando está en la oposición para olvidarse si gobierna. Ahí radica la clave que explica la impunidad manifiesta con la que la jerarquía de la Iglesia se ha bandeado con la pederastia, que se extiende en su seno sin que sus eminencias reverendísimas, los obispos, hayan puesto drástico coto. Valga como ejemplo lo hecho por quien fue cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, quien ante las taxativas pruebas de que un sacerdote de su diócesis era consumado pedófilo, se limitó a ir cambiándolo de parroquia para soslayar las investigaciones. Nos hemos topado con un pétreo muro de silencio argamasado en la tesis defendida con el cinismo marca de la casa por el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, que considera que la pederastia en la Iglesia es porcentualmente insignificante, manifiestamente inferior a la que se da en otras organizaciones.

Parece que, por fin, dadas las dimensiones que ha adquirido el escándalo, la nueva política que impera en el Vaticano, ordenada por el papa Francisco, enfrentado a la mayoría del episcopado, el muro se resquebraja. España es nominalmente un país católico. Cada vez menos, como detectan los estudios sociológicos. No estamos todavía en el momento de proclamar que «España ha dejado de ser católica», afirmación hecha por el presidente Manuel Azaña al aprobarse la Constitución republicana aprobada el 9 de diciembre de 1931. Se refería a que se establecía el laicismo por primera vez en la norma fundamental. La derecha azuzó la falacia de que se trataba de erradicar de raíz el catolicismo. El franquismo se recreó a destajo en el asunto. No hay ya barrera que pueda contener la sucesión de denuncias. Las indagaciones llevadas a cabo han acabado por desarbolar las defensas clericales. La Fiscalía General del Estado ha tomado cartas en el asunto ordenando una amplia investigación; veremos qué suerte corre la propuesta de crear en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación que aterroriza a las derechas y atemoriza al PSOE, ahora en excelentes relaciones con la jerarquía católica. Pablo Casado ha dicho que la comisión ha de abarcar, en caso de crearse, a toda la pederastia existente habida en España. Es la vergonzante manera del PP de evitar que se escrute a la Iglesia católica. Junto con Vox votará en contra. ¿Qué harán los socialistas? Ha llegado la hora de la verdad, la de decidir si se investiga o se sigue encubriendo. Los obispos no colaborarán. Desoyen los llamamientos del Pontífice. No están dispuestos en su mayoría a obedecerlo.

La Iglesia católica española no pasa por seguir el ejemplo de otras iglesias católicas que se han abierto a investigar: las de Irlanda, Portugal, Francia, Estados Unidos, Alemania. La española, no. Aquí se trata de preservar, si fuera posible, el rampante nacional catolicismo, al que se adhieren las derechas. ¿Le temblarán las piernas al PSOE? Saldremos pronto de dudas. El presidente Pedro Sánchez se dispone a recibir a las víctimas. Al menos, es un buen primer paso. Insuficiente.

Acotación desasosegada.- El asalto al Aayuntamiento de Lorca no es una bagatela. El trumpismo se afianza en PP y Vox. Hay quien se abona a la violencia. Determinados empresarios de macrogranjas porcinas muestran cuál es la estrategia de la extrema derecha. En Vox no intentan ocultarla: la de inutilizar las instituciones.

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