La estabilidad actual de la política española depende hoy evidentemente de la solidez del bloque de izquierdas, de la mayoría de investidura. Esta solidez contiene dos elementos: el primero y principal es coalición PSOE-UP, que se basa en un programa común suscrito por Sánchez e Iglesias a finales de diciembre de 2019, y al que se adhirieron PNV, Más País-Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe.
La coalición PSOE-UP ha perdurado con aceptable salud pese a la marcha del gobierno de Pablo Iglesias. Su sucesora, Yolanda Díaz, parece la personalidad adecuada para liderar el proyecto político en principio predestinado a abarcar la zona de la izquierda a la que el PSOE no llega. Como es natural, ha sido necesario un cierto aprendizaje para combinar el pragmatismo gubernamental del PSOE —que ha tratado de practicar el arte de lo posible— con el utopismo de Unidas Podemos, pero ni los forcejeos han puesto en verdadero riesgo la alianza, ni ha sido difícil progresar en el marco intuitivo del sentido común.
El segundo elemento de la estabilidad política es la relación entre la coalición que forma el Gobierno y las minorías que la respaldan, y sin cuyo favor el Ejecutivo no podría gobernar ni legislar. Este apoyo ha sido el que ha generado incertidumbre porque se ha basado no solo en la obra de gobierno sino en argumentos tangenciales. En concreto, el voto del nacionalismo catalán se ha supeditado a la gestión del procés por el Gobierno, y como ya es habitual en nuestro régimen democrático, el respaldo nacionalista, sea catalán o vasco, tiene siempre un precio. En este sentido, es claro que el Gobierno ha sabido aplacar con inteligencia el conflicto catalán; los indultos no solo han rebajado la tensión en el Principado y entre el Principado y Madrid sino que han rebajado la efervescencia del soberanismo y han reducido la envergadura del conflicto, lo que ha hecho posible la cooperación casi sistémica del PSOE con ERC.
La hora presente es delicada porque la semana que viene —el 3 de febrero— habría que convalidar en el Parlamento el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, es decir, la nueva reforma laboral pactada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
La nueva regulación laboral no satisface plenamente a nadie, lo cual puede ser un indicio de su ecuanimidad, ya que se ha obtenido mediante la negociación y el pacto. Y el hecho de que se base en el pacto social, y de que por lo tanto no haya sido consultada con las minorías, ha generado malestar y podría ser la causa de su fracaso. ERC, en particular, duda y remolonea… Sucede sin embargo que la opción alternativa es muy indeseable para la izquierda. ¿Tiene sentido que formaciones progresistas decidan, por un prurito más estético que político, mantener la reforma laboral del PP y renunciar por tanto a que los sindicatos recuperen los derechos sociales que se les arrebataron en 2013?
Además, deberían pensar estas formaciones que la coalición de izquierdas tampoco tiene opción alternativa, ya que todo indica que, en las actuales circunstancias y con los vigentes equilibrios, la única mayoría que podría formarse frente a la actual es la que resultaría del pacto entre el PP y Vox.
¿Soportaría este país sin grandes cataclismos una fórmula de gobierno que incluyera a una formación populista de extrema derecha, que como se verá este fin de semana, confraterniza con los amigos de Putin —Viktor Orban, el primer ministro húngaro, es un de los invitados de altos vuelos— y con todos los próceres de la extrema derecha europea, incluida la más conocida, nuestra vecina francesa Marine Le Pen?
O, mejor dicho, ¿podría encontrar algún progresista argumentos para debilitar una opción de izquierda en España cuando el adversario aterrizaría con tan inquietantes cualidades? La cumbre neofascista que se celebra en Madrid evita ya las especulaciones, las dudas y los equilibrios verbales: Vox forma parte de esta familia que en las democracias sanas es confinada y apartada mediante un cordón sanitario de la ceremonia democrática.
