Desde que se iniciara en la segunda mitad del siglo pasado la ofensiva cultural del posmodernismo contra la realidad, se ha impuesto el relativismo del relato y su posverdad en esas dos primeras décadas del siglo XXI. Al consolidarse la hegemonía del principio del placer sobre el principio de la realidad, el populismo, que es la manifestación en la esfera de lo político del primero, se ha impuesto en las instituciones que, por su propia condición, no son sino el espacio social diseñado para albergar el segundo, el de la realidad, el que también designamos como el de la responsabilidad. Las consecuencias han sido deletéreas. Las instituciones como tales, sean las políticas, las económicas o las sociales, siguen figurando, pero sólo nominalmente. Tradicionalmente la realidad había sido analizada por la universidad aceptando los disensos sin riesgos que no hubiéramos asumido desde otras instituciones. Pero en España, el silencio o, más bien, la ausencia de la universidad para dar elementos de comprensión, diagnóstico e identificación de la realidad es clamorosa. Iniciativas tan disparatadas como la ofrecida por la UIB a propósito de la lucha contra el cambio climático evidencian la indigencia de unas instituciones capaces a priori de albergar el análisis de la realidad.
Las grandes empresas de un país han actuado tradicionalmente de acuerdo con el principio de la realidad. Esto ya forma parte del pasado. En numerosos países ya no es así. Ejemplos claros en todos. En España hemos vivido ejemplos de falsos relatos en empresas como el BBVA, comandado por Francisco González, Telefónica o el propio Santander de Botín (con Ana Patricia llegó la estupidez del «porque tú porque te») que llevaron la necesidad de controlar el relato al consejo de Prisa. Ahora vivimos el surrealista paseo de banquillo de Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, acusado de cohecho activo, falsedad en documento mercantil y delito contra la intimidad por su presunta intervención directa en las operaciones ilegales que Iberdrola encargó a Villarejo. El policía más famoso del país por sus irregularidades bajo todos los gobiernos, espió a Florentino Pérez (ACS), Manuel Pizarro (Endesa), líderes sindicales de Iberdrola, opositores políticos y ecologistas de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). Villarejo cobró 1,1 millones de euros y otros 407.000 a través de una empresa de seguridad mediante facturas falsas. Pues bien, Sánchez Galán lo ha negado todo; culpa a su ex jefe de seguridad, Antonio Asenjo, despedido con una indemnización de 1,6 millones, negociados por RR HH sin su intervención. El que fuera director de control de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, entregó en 2004 a un notario el informe que relataba las prácticas ilegales de la empresa para pagar a Villarejo usando facturas falsas. ¿Quién puede creer que una operación ilegal contra adversarios como Pérez o Pizarro se lleve a cabo sin consultar por un jefe de seguridad? Si tuvieron las grandes empresas prestigio reputacional, eso es historia.
Sánchez es otro gran protagonista del relato (falso, claro) a propósito de la prometida derogación de la reforma laboral del PP de 2012, pactada con Unidas Podemos en el programa de gobierno presentado en enero de 2020, con ERC y EH Bildu. Se permitió el dueño del PSOE la promesa de la derogación en el mismísimo pasado congreso del PSOE, hace nada. De esa promesa participó la futura candidata de la izquierda que no se deja arrinconar en la esquinita, Yolanda Díaz, ante el entusiasmo de los correosos sindicalistas de CC OO. Todo mentira, todo relato en boca de unos dirigentes sin escrúpulos ante la mentira, convencidos de dominar el arte del relato, de la mentira. Al final, la reforma, que no derogación, ha consistido en la remoción de apenas el 10% de la reforma de 2012. A propósito de las denuncias, hasta ahora poco fundamentadas, del PP contra la distribución de los fondos europeos, Sánchez, aprovechando la adversa visión social del negacionismo de las vacunas contra la covid 19, ha acusado al PP de practicar el negacionismo político. Esta acusación, en boca de otros líderes tendría alguna virtualidad. En boca del inventor del negacionismo en España, «no es no, ¿qué parte del no no ha entendido Rajoy?», con el que Sánchez pretendía forzar unas terceras elecciones generales en 2016 y motivo por el cual se le desplazó de la secretaría general por el PSOE profundo, suena a enésima tomadura de pelo a los sufrientes ciudadanos.
El otro gran relato que, a propósito de seguir manteniendo incólume el poder del ejecutivo frente al otro poder no controlado suficientemente, el judicial, es el de la malvada colusión de la mayoría de jueces con el conservadurismo del PP que enarbola Sánchez. Él es indiferente a las sentencias del Tribunal Constitucional declarando ilegales los estados de alarma que decretó. Ahora, a resultas del informe del Consejo General del Poder Judicial relacionado con el proyecto de ley de Vivienda del Gobierno, en el que se cuestionan diferentes aspectos de la misma que pueden colisionar con el derecho a la propiedad o las competencias autonómicas, Sánchez y el PSOE han declarado que estudiarán con atención y respeto el informe del CGPJ, pero seguirán hasta el final con el proyecto tal y como está configurado, pues el informe no es vinculante. Si en el futuro el TC tumba los artículos cuestionados siempre podrá decir que es fruto de la conspiración derechista judicial. Aquí ya no sabemos si tal declaración supone otra concesión a los aliados que le mantiene en el poder de la que se va a retractar en cuanto le convenga, o forma parte del caudal de promesas tácticas con las que cree poder asentar su poder. El hecho de que sus electores no le hayan pasado factura hasta el momento por sus incumplimientos puede haberle llevado a la conclusión de que va a seguir así. En todo caso le sirve para seguir alimentando la polarización con la que daña al PP aupando a Vox para, dividiendo el voto en la derecha, conseguir un resultado electoral que le permita seguir en la presidencia. Una polarización que favorece al PSOE y a Sánchez y hunde más a España en la situación de una democracia incapaz de reformarse, inconsistente, con una Constitución que precisa del acuerdo para hacerlo.
