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Diario de Mallorca

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Bernat Jofre

Mallorca, del PTI al nuevo caciquismo

Juntamente con el imparable ascenso del virus Òmicron, la noticia más destacada de estas fiestas navideñas por estos lares ha sido la aprobación del Pla Territorial Insular de Mallorca. Avant la lettre es una noticia positiva: el orden jurídico siempre es bienvenido.

Después, al leerlo atentamente, surgen las dudas. Verbigracia: se eliminan 700 hectáreas urbanizables de transición. Entonces e indirectamente, ello podría potenciar la especulación en el suelo urbano restante: cuanto menor suelo disponible, mayor precio del último. La segunda cuestión se referiría a la eliminación por decreto de grandes mansiones. Su construcción, exactamente. Todo el mundo que esté familiarizado con el «Real Estate» sabrá que crea mucha más riqueza y puestos de trabajo - así como valor añadido en los profesionales que se necesitan para construirlas - una macro residencia con un solar de hectáreas que no una mucho más contenida y unos miles de metros cuadrados de superficie a su alrededor. No se llega a entender, la verdad sea dicha. Máxime si lo que se quiere es una isla con un tope demográfico. Aquí llegamos a uno de los aspectos más controvertidos del texto: en el nuevo documento se establecen 1.600.000 habitantes como límite poblacional de la isla. Dejando de lado que en una temporada sin Sars-Cov-II esa cifra se supera ampliamente de junio a mediados de agosto, hay un hecho que debería incitarnos a la ponderación: las armas reguladoras con que cuenta el Consell - o el Gobierno de Madrid, cuidado - para impedir el flujo migratorio que actualmente se está dando hacia Balears. O para impedir la descendencia entre los ya residentes. Porque si hacemos caso de las comparativas entre pirámides vegetativas y flujo de inmigrantes, parece muy razonable afirmar que más pronto que tarde alcanzaremos ese millón seiscientos mil habitantes.

Ahora bien, el verdadero problema de la isla es la poca profesionalidad de los munícipes de no pocos ayuntamientos sitos en ella. Dicho «amateurismo» provoca situaciones como la ausencia de marcos legales - Normas Subsidiarias - desde hace decenios. O falta de previsión en aspectos básicos: llamamiento a nuevos bolsines de empleados, pagos mal efectuados a la plantilla... Esto potencia la diáspora hacia otras administraciones de los funcionarios con más proyección, necesitados de ambientes más profesionales, con menos presión política y ciudadana. Iría siendo hora de adoptar decisiones valientes al respecto: las mancomunidades de servicios están aceptadas por la Ley de Régimen Local. Quizás se perdería en espíritu de comunidad, pero probablemente se gane en una gestión más transparente. Para que el lector se haga una idea de por dónde van los tiros, entre los constructores isleños circula una lista de pueblos donde es mejor no perder el tiempo. Para entendernos, una licencia en una determinada localidad de Ponent pueden ser dos en Son Vida: nunca mejor dicho, el tiempo es oro. Sobre todo si existen préstamos de por medio.

Es lo que las escuelas de negocio llaman coste de oportunidad: ¿Merece la pena la espera ante el posible beneficio en un determinado lugar si al mismo tiempo se puede doblar la facturación en otro? Con el añadido de que si el proyecto no está visado por según qué arquitecto - normalmente emparentado con alguien trabajando en Urbanismo - puede encontrarse muchos «problemas». Que la clase política de turno no está dispuesto a solucionarlos: «claro, los técnicos, no lo ven claro». Sin atajar el problema de raíz: ya les va bien tener un chivo expiatorio. Además, la campaña electoral llena de aires reformistas queda lejos. Por tanto, ciertos consistorios mallorquines están en un eterno bucle del que nadie parece querer salir. Es muy triste haber llegado a este punto, la verdad sea dicha. Ya lo definió muy bien Bel Peñarrubia i Marquès en su obra Cacics a la Mallorca de la Restauració (1999): «El principal problema de Mallorca sigue siendo el caciquismo local».

Como ven, la frase está escrita en presente indicativo: no es ninguna equivocación. Antaño, eran votaciones y prebendas. Hoy, licencias de obras.

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