Se ha cumplido dos años desde la formación del gobierno emanado de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, por lo que acabamos de ingresar en la segunda mitad de la legislatura. Aquel Ejecutivo nacía de un experimento inédito: una coalición de partidos formaría gobierno sobre la base de un programa común, lo bastante concreto para que las respectivas clientelas creyeran en el proyecto y lo bastante ambiguo para que no surgieran problemas insolubles de interpretación. Aquel equipo, ubicado en el centroizquierda y la izquierda, tenía dos liderazgos relevantes y bien caracterizados: el socialista de Pedro Sánchez, superviviente de un inicuo golpe de mano dado por parte de sus conmilitones, y el más izquierdista Pablo Iglesias, representante de una izquierda populista inicialmente iconoclasta y partidaria del cambio de régimen, que había entrado sin embargo en el cubil de la izquierda comunista y poscomunista domesticada de Izquierda Unida, ubicada lealmente en la ortodoxia de la Transición desde primera hora.
El experimento parecía arriesgado y sin embargo, dos años después, el balance, que incluye una entonces inimaginable pandemia sanitaria que ha costado cerca de cien mil vidas, es sorprendente porque no se han cumplido los malos presagio, el gobierno está más cohesionado que nunca y el país, aunque con graves procelas a las puertas, está bien orientado y en marcha hacia una modernización auspiciada y financiada por Bruselas conforme a pautas escasamente ideológicas ya que se rigen por criterios técnicos: digitalización, descarbonización, formación...
La izquierda socialista y comunista, que fue el gran puntal de la Transición (que no hubiera tenido credibilidad alguna sin los papeles desempeñados por Santiago Carrillo y por Felipe González en aquellos albores democráticos) tenía madurez suficiente para sortear las proclamas cuasi revolucionarias del joven populismo que creció a los pechos del 15M, de aquel 15 de mayo de 2011 en que una juventud exasperada, agobiada por la desoladora e impertinente crisis que cerraba todas sus expectativas, salió a la calle con el grito inquietante de «no nos representan». El buen sentido, sin embargo, llevó a aquella gente a reintegrar su protesta y sus reivindicaciones al interior del sistema, y el excéntrico Pablo Iglesias supo adaptarse al rol que le tocaba representar… E incluso a marcharse del Gobierno cuando entendió que su papel había concluido y que prestaría yéndose un servicio a sus propias ideas.
La marcha de Iglesias abrió un proceso de descompresión en Unidas Podemos y en el país en general… Y marcó la senda de una izquierda bifronte pero definitivamente complementaria, que puede alentar expectativas de continuidad mediante un desarrollo de la fórmula de cooperación ya ensayada: la suma del PSOE y de una formación política más radical, más joven, más audaz, ofrece un frente común que ha sido capaz de presentar en tiempo y forma dos PGE aprobados por mayoría absoluta, una gran reforma laboral por consenso que recupera el pacto social y devuelve el equilibrio a la negociación colectiva, una reforma de las pensiones que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo y la sostenibilidad; una ley educativa que impide bifurcaciones prematuras que beneficien a las elites; una ley de eutanasia que colma una demanda social masiva; una reconducción del ‘problema catalán’ mediante unos indultos que han calmado las aguas; una gestión de la pandemia aceptable, dada la inexperiencia general y la evidencia de que nuestro sistema sanitario público se había encogido peligrosamente desde la gran crisis económica…
Ahora la izquierda, para mantenerse, debe conservar el rumbo, que consiste sustancialmente en la doble tarea de conducir atinadamente al país hacia el final de la pandemia, lo que requerirá mantener el ímpetu en la vacunación y un refuerzo de la asistencia primaria —aunque la competencia es autonómica, urge una ley transversal que marque mínimos cualitativos y cuantitativos obligatorios—, y guiar el proceso de reconstrucción económica y social mediante un gran esfuerzo de colaboración público-privada que rehaga y reestructure el devastado sector industrial, nos impulse hacia mayores inversiones en I+D+i, combata las causas del insostenible desempleo estructural que arrastramos desde hace décadas, otorgue a los jóvenes la formación idónea para dejar de ser el segmento con más dificultades de integración, mejore y enfatice la productividad de las diversas administraciones y en definitiva modernice el país.
Ya se sabe que en 2022 habrá elecciones autonómicas —las de Castilla y León ya están convocadas, y no serán las únicas del ejercicio— pero no deberíamos dejar que nada nos distrajera del cometido esencial, que consiste en ordenar institucional y políticamente este país (hay que cuidarlo de la emergencia venenosa de la extrema derecha) y en recuperar las cotas de desarrollo y crecimiento anteriores no solo a la pandemia sino también a la crisis de 2008. Tenemos que aprender a hacer dos cosas al mismo tiempo, sin que lo autonómico y lo estatal se interfieran, con el consiguiente deterioro del proceso político. Para ello, hay que archivar la demagogia y hacer que primen los intereses colectivos sobre el partidismo indecoroso que todavía constituye un lastre para la política real.
