El viernes por la mañana presentábamos en la Conselleria junto al director de APAEMA, el «Diagnóstico socioeconómico de la agricultura ecológica en las Islas Baleares». Por la noche, una asamblea viva y dinámica de la Cooperativa Sant Bartolomeu de Sóller, que recordemos tiene más de 120 años de historia, daba un paso adelante y aprobaba casi por unanimidad la creación de una sección de agricultura ecológica. El sábado se presentaba el mismo diagnóstico en Menorca de la mano de APAEM. El próximo 20 de enero acaba el plazo de presentación de propuestas a la convocatoria de «proyectos tractores en agricultura ecológica» que la Conselleria ha lanzado y que se financia íntegramente con los Fondos Next Generation. Todo lo que sucede parece estar relacionado siguiendo un hilo conductor. La estrategia compartida es clave para hacer avanzar cualquier proceso.

La agricultura ecológica es aquel tipo de producción que combina prácticas y técnicas respetuosas con el medio ambiente y el clima, la biodiversidad y el bienestar animal, para obtener alimentos de calidad y que responden a la demanda de un número cada vez más creciente de consumidores. Es un modelo de producción regulado por la Unión Europea desde el año 1992 a través de un Reglamento que ha vivido muchas reformas, la última de las cuales entrará en vigor el 1 de enero de 2022.

En las Islas Baleares contamos con un sector de producción ecológica amplio y que bien seguro cogerá más fuerza en los próximos años. Son 1.066 operadores de los cuales 723 son productores y productoras, y 343 son elaboradores o industrias agroalimentarias. El 16% de la superficie agraria útil (SAU) ya está certificada en producción ecológica y el objetivo del Pacto Verde Europeo para el 2030 es alcanzar el 25% de la SAU. En nuestro caso, si seguimos creciendo al ritmo del 6,2%, que es la media del último lustro, alcanzaremos la meta en el año 2028. Podemos decir que vamos en el buen camino.

Pero el diagnóstico que presentamos tiene un factor cualitativo esencial. Pone el foco en la estructura económica del sector, en las cuentas de resultados de las explotaciones y las empresas, en la comercialización y en el volumen de negocio que supone el sector ecológico. También en la inversión y en los insumos utilizados por el sector ecológico. Todo ello era algo absolutamente necesario para desarrollar una estrategia de conjunto, desterrar ideas preconcebidas y para resituar en el debate sobre el futuro del sector agrario la opción por la producción ecológica. El trabajo de diagnóstico desarrollado es excepcional. Yo diría que único en el conjunto del estado. No ha sido un trabajo sobre fuentes secundarias, sino que ha implicado la elaboración de más de 800 encuestas directas, lo que implica que se han recogido datos de más del 85% de los operadores económicos. El rigor metodológico y el compromiso de APAEMA como entidad licitadora, acompañada de las asociaciones de productores ecológicos de Menorca (APAEM) y de Ibiza y Formentera (APAEF), además del CBPAE y la Asociación de Varietats Locals ha sido clave en la calidad del resultado.

Los datos son clarificadores y significativos. El 25% de los titulares de las explotaciones ecológicas son profesionales. El valor de la producción agraria y ganadera ecológica de las Islas Baleares suma 11,2 millones de euros. El valor generado por los productos elaborados asciende a otros 21,8 millones de euros. Genera 2.166 puestos de trabajo directos. Pero quiero resaltar otro dato por las implicaciones que tiene para el conjunto de la economía. Cada explotación agraria ecológica invierte al año una media de 11.130 euros en mejorar su propia estructura, lo que viene a significar más de 5 millones de euros en el conjunto. Aunque hay muchas empresas pequeñas, la media de ingresos por explotación está en los 67.234 euros y los gastos en 39.700 euros, lo que indica que su dimensión permite hablar de una viabilidad media muy alentadora. La agricultura ecológica es una realidad.