La sexta ola se abalanza sobre nosotros de forma inexorable. Los indicadores mundiales registran una trayectoria al alza del coronavirus, alentada por la expansiva variante ómicron, más contagiosa que las anteriores, pero de afección menos severa. El planeta contiene la respiración a las puertas de la Navidad, otra vez. Países Bajos vuelve al confinamiento y a suspender toda actividad no esencial. Sólo permite dos visitantes por hogar y cuatro en las fiestas. En Baleares, donde ómicron apenas ha iniciado el despliegue, su previsible irrupción llega en una situación de riesgo muy alto con más de nueve mil casos activos, la ocupación de las UCI en riesgo medio, la presión hospitalaria en aumento y la incidencia disparada. El oscuro panorama sanitario se contrapone a la remontada económica. Baleares cerró noviembre con más trabajadores y menos parados que antes de la pandemia. Sin embargo, el optimismo que refrendan esos datos, apuntalados en parte por las ayudas y estímulos públicos -algunos países, como Estados Unidos, han anunciado que los retirarán antes de lo previsto-, se ve amenazado en un cierre de año ensombrecido por la inflación y la incertidumbre global del nuevo zarpazo pandémico.

Las previsiones apuntan que este embate no alcanzará el pico hasta mediados de enero, una vez superado el inevitable subidón de las fiestas navideñas, que en Mallorca empalman con las de Sant Antoni y Sant Sebastià. La travesía de las próximas semanas exige una vez más modular una estrategia que proteja la salud sin constipar el tejido productivo, desde el turismo a la cultura. El muro de contención al virus diseñado por el Govern persiste en el llamamiento a la prudencia en la vida social y en proseguir con la vacunación, que no elimina pero sí reduce el contagio y la gravedad de sus efectos. El Ejecutivo de Francina Armengol descarta en estos momentos la adopción de drásticas medidas restrictivas del pasado, como el toque de queda de las diez de la noche, el cierre temprano de los locales o la restricción de aforos, y aboga por ampliar la implantación del pasaporte covid en el acceso a la restauración y en el personal sanitario, que se enfrenta a una suspensión de dos a seis años de sus funciones o a un traslado forzoso si no autoriza el acceso al documento o no se somete a los controles alternativos. Mientras algunos siguen manteniendo que estas medidas atacan derechos fundamentales y cuestionan su eficacia, otros se preguntan por qué no se extiende a otros colectivos y ámbitos.

«Hay que cambiar la fatiga pandémica por la adaptación pandémica», sostiene Javier Arranz, portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas de Baleares ante el cansancio acumulado por una ciudadanía que se siente enredada en un bucle interminable y confusa ante pautas dispares en los casos de contactos estrechos. La debilidad de las certezas en un escenario cambiante como el que vivimos dificulta la adopción de decisiones a los gobernantes y el mantenimiento de comportamientos prudentes en la población. Sin embargo, no queda otro camino: valentía y prudencia.