Con la inadmisión del recurso presentado por Iván Espinosa de los Monteros ante el Tribunal Supremo con el que trataba de evitar a la desesperada que se hiciese efectiva la condena de la Audiencia Provincial de Madrid de 2019 y por tanto tener que pagar los algo más de 63.000 euros a los que fue condenado, no sólo se ha hecho justicia impidiendo que un moroso dejase de pagar la deuda que mantenía con la empresa que le hizo la reforma de su casa, sino que sobre todo se ha puesto de manifiesto que para la derecha española, en este caso para la ultraderecha, el cumplimiento de las leyes está muy bien para el populacho pero no para la clase privilegiada a la que consideran que pertenecen por derecho divino como si viviésemos en la Edad Media.
Más allá de la rabieta y de la respuesta infantil que soltó Espinosa de los Monteros desde su escaño al afirmar que su casa tiene cinco pisos y no cuatro, el hecho de haber sido recriminado por varios diputados del Congreso de los Diputados debería ser motivo de haber aceptado públicamente su culpa y pedir perdón a la ciudadanía. Su actitud de recurrir ante el Tribunal Supremo no fue más que un burdo intento de tratar de evitar el pago de la cantidad debida utilizando para ello alguna triquiñuela legal o algún error del tribunal sentenciador. Ahora en cambio debe hacerse cargo de la cantidad que debía haber pagado en su momento, así como los intereses y las costas procesales.
Esta forma de actuar no es nueva en el matrimonio Espinosa de los Monteros – Monasterio. Como recordará el lector, Rocío Monasterio, esposa de Espinosa, ya estuvo en la picota judicial por una curiosa tendencia que tuvo durante años. Me refiero a firmar proyectos que necesitaban visado de arquitecto sin haber terminado la carrera ocultándolo y utilizando a su hermano que era ingeniero para falsificar el sello del Colegio de Arquitectos de Madrid. En una de las sentencias más curiosas que he leído jamás, el tribunal que enjuició este engaño continuado en el tiempo exoneró a Rocío Monasterio de falsificación y de hacerse pasar por arquitecta sin serlo con el argumento de que el engaño y la copia del visado era tan burdo que cualquier persona debería haberse dado cuenta. Menos mal que para acceder al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional existe el filtro de los representantes de los ciudadanos a través del voto libre.
A ello hay que sumar las numerosas causas pendientes que tiene Rocío Monasterio por haber convertido garajes y locales comerciales en casas sin la correspondiente cédula de habitabilidad y que una vez terminada la obra y cobrado el proyecto por Monasterio, el ayuntamiento de Madrid hacía saber a los dueños de estas casas que su vivienda era ilegal. Rocío Monasterio se cruzaba de brazos y su única respuesta ha sido siempre «que me denuncien».
Y a pesar este bagaje judicial el matrimonio Espinosa - Monasterio se dedica a dar lecciones de política y de moral en el Congreso los Diputados y en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Su principal objeto de ataque han sido siempre las libertades de los ciudadanos que afectan a la libertad sexual, el feminismo, la memoria histórica, la independencia de las instituciones, las existencias de las comunidades autónomas o la inmigración. Todo ello sabiendo que su actividad profesional paralela era un erial donde después de pasar ambos solo florece la injusticia y las causas judiciales.
Para la extrema derecha española, la que no admite la diferencia entre las personas ni que pueda haber otras ideas, las leyes siempre se han utilizado como una forma de dominar a las clases más desfavorecidas. O por lo menos la interpretación que se quiere dar a estas leyes. Vox y sus dirigentes hablan mucho de aplicar la Constitución Española, pero niegan las comunidades autónomas, la justicia social y la igualdad real entre hombres y mujeres. Por contra utilizan las leyes para imponer su ideología racista, clasista y homófoba. Y cuando pueden no cumplen las leyes en beneficio propio de cuyo claro ejemplo son el matrimonio estrella de Vox. Con esta forma de entender la política lo que se pretende es llevar a cabo un revival de la tradición católica tradicionalista de la España de los años 50. Pretende Vox imponer las ideas ñoñas y bobas del franquismo clásico y para ello utiliza cualquier medio: las manifestaciones callejeras, el olvido impuesto a las víctimas del franquismo, la imposición de la familia tradicional católica o la pandemia por covid-19.
Sin embargo, hay que admitir que Vox ha sabido utilizar un discurso simplón y sin ideas que ha calado en un sector de la sociedad española no muy amplio, pero sí fiel al delirante discurso de Vox. La utilización de la inmigración, del odio al colectivo LGTBi y la imposición de una idea de la historia de España sirve a los dirigentes de Vox para distraer su intención principal: la de vivir de la política, como es el caso de Santiago Abascal, o la de ocultar chanchullos empresariales.
