Suscríbete

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Antonio Papell

Lo de Canet

Una madre acompaña a sus hijos en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. JORDI PUJOLAR / ACN

Transgredir las leyes, violentar y acosar a las personas, desatentar la sutileza pacífica del estado de derecho, etc. son comportamientos siempre condenables, por supuesto sin disculpas ni matices posibles. Pero el hecho de que esta condena humanitaria esté implícita en todas estas actitudes intolerantes no alivia de culpa a quienes, por las razones que sean, instigan la violencia. No es honrado decir en estos casos que, cuando tiene lugar una reacción airada/violenta, no importa conocer los motivos porque tal reacción siempre será detestable y condenable, en cualquier caso.

Viene esto a cuento del suceso de Canet, del acoso a un niño y a su familia por haber exigido la aplicación de la sentencia judicial que ordena que el 25% de la enseñanza obligatoria en los colegios públicos se haga en castellano. Un asunto en el que la demagogia ha rezumado nauseabunda, procedente de varias fuentes.

Transcurridos unos días y reposado el incidente, es claro que hay que decir primero que es inaceptable la violencia, física, verbal o social, frente a un núcleo familiar que piensa distinto que el grupo social de su alrededor y que solicita el amparo de la Justicia para que le sea preservado un derecho –en este caso, el de estudiar parcialmente en castellano- que la legislación vigente le reconoce.

Pero dicho esto, el asunto no se entiende correctamente si no se sitúa en su contexto, en una Cataluña que, tras una larga etapa autoritaria de varias décadas en que no se permitió el uso ni la enseñanza del catalán, llegó a un amplísimo consenso sobre la inmersión lingüística, que Pujol consiguió, que se demostró eficacísima –sin perjuicio pata el castellano, que sigue siendo una lengua vivísima en Cataluña- y que convive pacíficamente con el catalán. No es voluntarismo sino realismo afirmar que hoy no existe un problema lingüístico en Cataluña, porque las dos lenguas cooficiales gozan de buena salud y conviven sino incidentes.

En los casi cuarenta años transcurridos, ha habido menos de un centenar de exigencias como la de Canet, que tiene apoyatura constitucional. Y en la inmensa mayoría de los casos el problema se ha resuelto a través de la enseñanza privada, que imparte sin problemas enseñanza en castellano, y que en estos supuestos singulares ha satisfecho el deseo de los padres, mediante la financiación de la Generalitat, que ha corrido con los gastos como es su deber en los tramos obligatorios.

Y en esta ocasión, el problema real se habría resuelto por un procedimiento similar de no haber saltado a los medios con innecesaria virulencia. Lo de menos, porque no es significante, es que la familia en cuestión fuese de Ciudadanos (el padre estuvo en una lista electoral de ese partido), una formación declaradamente antinacionalista catalana; sí es inquietante que existiera un afán poco ocultable de perturbar la convivencia catalana con un escándalo después de todo ficticio y que no es en absoluto generalizable.

Parece evidente, en fin, que los mismos que han atizado el fuego en este caso, en lugar de apagarlo generosamente, son quienes antes se han opuesto frontalmente a los indultos que, se quiera reconocer o no, han mitigado la gran crisis y han devuelto a Cataluña una tranquilizadora y enriquecedora tranquilidad que anuncia el fin de una etapa convulsa que ya rechazaba una gran mayoría de catalanes y que ha abierto otra vez las expectativas de prosperidad que se habían diluido.

Si existe consenso sobre la inmersión lingüística –y de esto no hay duda-, jueces y administraciones deben cooperar para conciliar la ley y la voluntad popular, como se ha hecho durante casi cuarenta años. El rigor legalista nunca puede desmantelar un sistema de convivencia. De hecho, si el TC hubiera tenido más profesionalidad y más envergadura intelectual se hubiera dejado arrastrar menos por las banderías políticas, y hubiese modulado mejor la sentencia de 2010 que canceló en la práctica la reforma del Estatuto de Cataluña y desembocó en la crisis posterior. No existe, es obvio, una relación causa-efecto, pero sí hay que culpar a una parte del propio Estado por la falta de grandeur que en un cierto momento hubiese podido dulcificar el sistema de relaciones centro-periferia y lubricar determinados rozamientos cuyas chispas han encendido el gran incendio.

Compartir el artículo

stats