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Diario de Mallorca

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Antonio Papell

Malos presagios constitucionales

La renovación de nuestra Carta Magna resulta hoy por hoy imposible porque existe una insoluble desconfianza entre las organizaciones políticas

El 43 aniversario de la Constitución, conmemorado oficialmente este lunes, no ha deparado buenos presagios. Antes al contrario, se ha constatado una vez más la incapacidad del sistema para producir una renovación constitucional, que es hoy por hoy imposible porque existe una insoluble desconfianza entre las organizaciones políticas.

Como es bien conocido, nuestra Constitución es ‘abierta’, como todas las democráticas; esto es, incluye las reglas para su propia reforma, basadas en la consecución de grandes consensos. En concreto, según reza el Título X C.E., para llevar a cabo una reforma ‘agravada’ —que afecte al Título Preliminar, al Capítulo segundo (Derechos y libertades), Sección primera (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas) del Título I, o al Título II (De la Corona)— se requerirá mayoría de dos tercios de ambas cámaras, disolución de las Cortes, elección de otras nuevas y nueva votación con la misma mayoría, seguida de un referéndum de ratificación. La reforma del resto de la Carta Magna puede realizarse por mayoría de tres quintos de ambas cámaras o, en su defecto, por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado; en este caso, solo habrá referéndum de ratificación si lo solicita la decima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

Durante la dilatada etapa del bipartidismo imperfecto, la reforma constitucional era un asunto que incumbía al PP y al PSOE, obviamente. En la actualidad, las mayorías exigidas siguen siendo imposibles sin el concurso conjunto de los dos principales partidos. Pero la situación no ha de ser necesariamente igual indefinidamente, con lo que la obtención de una mayoría cualificada puede ser asunto próximamente de tres o más formaciones, con la consiguiente complicación.

En cualquier caso, lo que en este momento obliga a descartar cualquier reforma no es tanto la discrepancia en las posiciones cuanto la desconfianza entre los partidos. Nadie quiere abrir el melón porque desconfía de quien debería acompañarlo: teme que el compañero de viaje le traicione a última hora. Máxime cuando una de las cuestiones que necesariamente han de reformarse es, por diversas razones, el Título II, el que se refiere a la forma de Estado: es necesario retirar la primacía de varón sobre la mujer en la línea de sucesión a la Corona y parece asimismo ineludible suprimir la inviolabilidad o restringirla a los actos propiamente políticos del jefe del Estado.

El problema no se concreta sin embargo en el listado de reformas pendiente sino en una cuestión más grave y conceptual: las constituciones deben reformarse con flexibilidad a medida que cambian las circunstancias, las preferencias de la sociedad, los valores de la comunidad. La Constitución de los Estados Unidos, dos veces centenaria, tardó solo cuatro años después de su promulgación en recibir su primera enmienda. Y las constituciones alemana y francesa hay sido aggiornadas periódicamente docenas de veces, sin el menor problema y sin que se haya resentido en lo más mínimo la estabilidad política del régimen respectivo.

En nuestro caso, es evidente que, antes que cualquier otro asunto, tenemos un problema con el sistema de organización territorial, que no solo no funciona bien sino que ha originado la primera crisis realmente grave del Estado. El Título VIII C.E., ‘De la organización territorial del Estado’, plantea el procedimiento para construir el Estado de las Autonomías, que deja en el aire y no describe ni organiza. Es necesario, pues, normativizar el actual modelo en una dirección federalizante, que culmine en el legislativo mediante un Senado semejante al Bundesrat alemán (hoy, la inoperancia y la inutilidad de la Cámara Alta genera un verdadero escándalo, que lleva a la ciudadanía hacia la desafección).

Por añadidura, esta reforma constitucional podría utilizarse para resolver de una vez por todas el problema catalán, negociando la fórmula adecuada entre todas las posibles. Y para renovar y actualizar el código de derechos y obligaciones, que ya es modélico pero que admite sin duda una revisión al alza acorde con los tiempos.

En otras palabras, renunciar a una reforma constitucional por miedo a que se desvíe la herramienta reformadora o a que «los enemigos de España» aprovechen la ocasión para colarse en la convivencia es abdicar de la alta responsabilidad de buscar y encontrar la excelencia en nuestro modelo de convivencia.

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