En las últimas semanas han dado que hablar dos artículos contrapuestos aparecidos en la prensa catalana: Daniel Innerarity publicó primero su trabajo La radicalización de los conservadores y días después Lorenzo Bernaldo de Quirós respondía a aquellas opiniones en la misma tribuna con La radicalización de la izquierda. Sintéticamente, el primero afirma que la actual crisis no es la de la socialdemocracia sino la de los conservadores, «hostigados por la extrema derecha», que resume en tres rasgos: 1) «Voluntad de ruptura (…), de revocar –no modificar o reformar– los acuerdos anteriormente alcanzados». 2) «Una estrategia de polarización, (de) negar la legitimidad de la izquierda para gobernar», y «el uso del poder judicial en las diversas guerras jurídicas». 3) «La voluntad de ruptura de las reglas comunes (…); esa declaración de guerra contra lo políticamente correcto (para) hacer imposible la configuración de un espacio de entendimiento».
A ello contestaba Bernaldo de Quirós que «un observador objetivo podría atribuir [los tres rasgos mencionados], quizá con mayor exactitud, a la evolución de buena parte de la izquierda occidental y, en especial, a la existente en las Españas, cuyos planteamientos están a años luz de los profesados por la socialdemocracia convencional o por la tercera vía».
El asunto habría quedado aquí, por mi parte, si no hubiera salido a la palestra el notario Juan-José López Burniol, fino y riguroso analista, a mediar en el pleito y, a fin de cuentas, a dar la razón a Bernaldo de Quirós. Este decía en concreto que «la expresión geométrica de la justicia, si cabe, sería la simetría: tratar igual a los que son iguales. Por ello considero que, especialmente desde determinados ámbitos, no se otorga un trato simétrico a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Se denuncian con razón las barrabasadas de la extrema derecha, pero se contemplan con indulgencia, o se pasan por alto, los similares desmanes de la extrema izquierda. ¿Por qué? Quizá porque se considera por muchos que a la extrema izquierda la redime de sus excesos el fin que siempre se le atribuye, con más o menos razón, de luchar en pos de la justicia social y de la ampliación de derechos y libertades; o sea, poniendo en práctica sin complejos la regla de que el fin justifica los medios».
Si hubiera que simplificar el desacuerdo, esta simetría podría ser radicalmente negada con un solo hecho histórico que a todos nos afecta todavía: en nuestro país, que no tuvo a su debido tiempo revolución burguesa, la legitimidad republicana progresista, surgida de las urnas, fue pasada por las armas por una extrema derecha castrense que dejó un rastro de genocidio que aún atufa en las cunetas de nuestros caminos.
Pero no vayamos tan atrás ni reabramos tan antiguos, aunque todavía supurantes, heridas: en los 43 años de democracia que acabamos de celebrar, el ruido de sables de los primeros años y el intento de cuartelada del 23-F fue de extrema derecha, no del PCE. Y habría que ser muy sectario para decir que la izquierda parlamentaria de este país no se ha comportado con mesura ni con pleno acatamiento a las reglas de juego, es decir, a la Constitución.
En el momento presente, Unidas Podemos, síntesis de un venerable PCE que fue el primero en esgrimir ya en los años cincuenta del pasado siglo la idea de reconciliación entre españoles, y de un populismo que difícilmente se puede tachar de revolucionario, se ha sometido escrupulosamente no solo a la Constitución sino a su espíritu, acatando la economía mixta, el estado de las autonomías, la pertenencia a la UE, etc.
Vox, en cambio, no acepta una dirección federal para Europa, rechaza el estado de las autonomías y propugna centralismo de la España «una, grande y libre», niega la equiparación de la mujer y las ideologías de género, criminaliza a las minorías sexuales, mantiene tesis inhumanas sobre la inmigración… Y el PP responde blandamente a esta desfiguración de nuestro sistema constitucional. Visto así, la simplificación simétrica que comete López Burniol me parece esta vez completamente injusta.
