Con los 60 millones de euros que el Govern invertirá en vivienda pública el año que viene, destinados a la entrega de 649 pisos, iniciar las obras de otros 186 y continuar con la adquisición de otras casas vacías o sin uso a grandes propietarios, el Ejecutivo se ha convertido casi en el único promotor de vivienda asequible en Balears, entregadas como están la mayoría de empresas del sector de la construcción, las que todavía sobreviven, a la demanda de alto poder adquisitivo.
Es solo un pequeño balón de oxígeno para aliviar en Balears lo que ya es un problema social inmenso que más pronto que tarde colapsará, si no se toman medidas de mayor alcance que impidan que los precios sigan aumentando sin control y que a la vez favorezcan de una vez por todas el acceso a la vivienda, un derecho básico cada vez más alejado de las empobrecidas clases medias. Sin embargo, nada permite vislumbrar un cambio.
Si en la industria turística son los fondos de inversión los que están tomando el control de los grandes hoteles de Mallorca, desplazando los centros de decisión fuera de la isla, inversores extranjeros hacen lo propio no solo con grandes propiedades construidas, sino también con el territorio protegido, donde ahora mismo no podrían levantar ni un muro sin exponerse a una elevada sanción. Esperan que la necesidad de vivienda futura y la falta de suelo para levantarla pueda imponerse incluso a la actual normativa y al deseo general de protección medioambiental. Y lo hacen con paciencia, como los multimillonarios británicos Simon y David Reuben, que acumulan 1.335 hectáreas protegidas de terreno en la costa de la isla, de Pollença a Calvià o Andratx. Y no son los únicos que buscan invertir en territorio no urbanizable que un cambio de políticas pueda transformar en una mina.
