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Verónica Fumanal

Verónica Fumanal Callau

Especialista en comunicación política

Parchear la nefasta ‘ley mordaza’

Sindicatos de policía de toda España se manifestaron el pasado fin de semana contra la reforma de la ley mordaza que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos pretende aprobar, declinando la posibilidad de realizar una nueva ley de seguridad pública que aborde de una forma integral y no parcheada lo que significa para el Estado la seguridad pública y el orden público. La actual ley se aprobó cuando el PP tenía una mayoría absoluta dentro del Congreso y una gran contestación social fuera de él.

Esta ley supuso la respuesta policial a un malestar social en la calle que nada tenía que ver con el orden público, sino con la ejemplaridad y la gestión de nuestra clase política, en especial, la de aquel Gobierno del PP. Para acallar la calle, enfrentaron a policías contra manifestantes generando una falsa creencia que consiste en identificar a la policía con el poder, en lugar de tratarlos como servidores públicos, puesto que también sufren la precariedad, la falta de material, el recorte de las plantillas y la falta de iniciativa política para prestigiarlos.

En España no tenemos una ley nacional de policía, algo que no ocurre en otros países, que de forma clara exponga qué puede y qué no puede hacer un policía, que ofrezca instrucciones claras de en qué consiste la actividad policial y que exponga cuáles son los límites de sus actuaciones en base a la proporcionalidad, oportunidad y congruencia, los tres pilares básicos que cada miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado debería saber interpretar y aplicar.

La formación de la policía en España también resulta deficiente si la comparamos con otras policías democráticas, algo que demuestra el poco interés que ha despertado este asunto entre los gobiernos democráticos de nuestro país, con especial hincapié si tenemos en cuenta que en España se pasó de una policía dictatorial a una democrática con un cambio de uniforme del gris al azul. Cierto es que las nuevas generaciones y las policías creadas en democracia no contaban con ese pasado que las lastraba; sin embargo, para que la policía en nuestro país dejara de tener esas reminiscencias, era necesario tomarse en serio eso de en qué consiste ser una policía democrática, algo que no ocurrió, y esos son los lastres que arrastramos.

La presunción de veracidad

En primer lugar, la autoridad. Los sindicatos policiales se quejan de que la reforma de la ley mordaza les resta autoridad, porque les quita la presunción de veracidad en el atestado. Y parte de razón tienen: no puede ser que la palabra de un delincuente valga lo mismo que la de un policía. Sin embargo, cabe señalar la diferencia entre auctoritas y potestas… esta última les viene dada en el uniforme, pero la primera, que tiene más que ver con la legitimidad entre la ciudadanía, se la tienen que ganar con actuaciones dignas de su estatus, y eso, claro, va asociado al nivel de exigencia, control y transparencia con las que ejerzan su trabajo.

En segundo lugar, la protección. Los sindicatos policiales están en contra de que puedan ser grabados en el ejercicio de su actuación, y perdónenme que les diga, que ustedes, la policía, deberían ser los primeros interesados en grabar cada una de sus actuaciones para evidenciar la pulcritud y mesura con las que se llevan a cabo. No solo para demostrar la ejemplaridad de las actuaciones, sino también para que esas grabaciones formaran parte de una escuela de lecciones aprendidas, en las que se revisaran los dispositivos y las actuaciones y se aprendiera de los errores para dar mejor servicio a la sociedad a la que sirven y protegen.

En este sentido, también es necesario apuntar al uso de las armas por parte de la policía. A lo que comúnmente conocemos como porra, en el argot policial se le llama defensa. Creerá el lector que es un asunto menor y no lo es. La defensa sirve para defenderse de las posibles actuaciones de los delincuentes, la porra sirve para aporrear; cambia la perspectiva. Es necesario que el uso de las armas sea muy limitado para autoprotegerse o proteger a un tercero, pero no como arma para dañar a un manifestante, porque la policía no está ahí para eso.

Percepción ciudadana mejorable

En tercer lugar, sobre las horas de detención o el «servicio taxi», son cuestiones que evidencian que la policía no tiene la autoridad social esperable. Una policía democrática y percibida como justa y al servicio del ciudadano no pediría (casi) nunca una identificación injustificada, por lo tanto, no habría reticencias a identificarse en el caso solicitado por parte de ciudadanos sin voluntad de delinquir. Eso conduce a lo siguiente: no harían falta seis horas de detención para identificar a nadie, ni llevarlo a la comisaría sin más motivo que negarse a entregar la documentación. Por lo tanto, son cuestiones prácticas que tienen que ver con la percepción mejorable que tienen los ciudadanos de su policía.

Tenemos la policía que pagamos. Una policía prestigiosa es aquella en la que el poder público cree, invierte y se preocupa. En ningún caso la que se lanza para acallar las calles, porque, insisto, el malestar social nada tiene que ver con la seguridad ciudadana, sino con un poder que no escucha o que gobierna contra los ciudadanos. La dignidad, la autoridad, la protección de nuestra policía no es una cuestión ideológica, ni una lucha del pueblo contra el poder.

La policía tiene como deber fundamental servir y proteger, y, para hacerlo, necesita la autoridad que le da una buena formación continua en prácticas y valores; el prestigio que les da un buen sueldo y plantillas adecuadas y especializadas; la protección de una ley de policía que esclarezca su trabajo de forma interna y externa que refuerce su papel fundamental en la sociedad como garante de los valores democráticos. Y eso no se hace parcheando una ley nefasta como la ley mordaza sin contar con la policía.

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