Nos hemos acostumbrado a vivir con las cifras de la vergüenza; pero lo que no se ve no existe: 37 mujeres asesinadas a lo largo de este año 2021, una de ellas en Baleares, según los datos expuestos por el Ministerio de Igualdad. O los 589 delitos contra la libertad e indemnidad sexual que se produjeron en nuestra comunidad entre enero y septiembre de 2021. O las 5.838 denuncias que se presentaron en el 2020 por violencia de género y donde, nuevamente, somos la comunidad con la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000, el 93,8%.
Es importante tener presente algunas de las conclusiones del informe del ‘Observatorio contra la violencia doméstica y de género’ que analiza las sentencias dictadas en materia de violencia de género en el año 2018. El estudio menciona la existencia de una importante «cifra negra de la criminalidad», ya que en el 84,6% de las sentencias por feminicidio no constaban denuncias previas al hecho mortal; se señala que, a buen seguro, en ese porcentaje había malos tratos no denunciados que acabaron en un crimen y que fueron ocultados por las víctimas sin pedir éstas ningún tipo de ayuda. Por eso, desde Comisiones Obreras reclamamos la necesidad de conocer, detectar y actuar contra las distintas formas de violencia machista hacia las mujeres.
Y en esa línea de actuación es importante apostar por el empleo público en los servicios de igualdad y contra la violencia de género, para que funcionen realmente como esenciales. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género debe destinar fondos a las administraciones locales, de carácter plurianual, para garantizar un servicio público en materia de asistencia en violencia de género con equipos multidisciplinares especializados. Asimismo, es imprescindible prorrogar y blindar este Pacto de Estado, cuya vigencia finaliza en el 2022.
Entre las múltiples violencias que padecen las mujeres, una de las más invisibles es la violencia en el ámbito laboral: el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo son prácticas de violencia y discriminación contra las mujeres, que atentan contra su dignidad, su salud y sus derechos y que obstaculizan su participación laboral y contribuyen en numerosas ocasiones a expulsarlas del empleo. Un acoso creciente gracias a las nuevas tecnologías de la información. Actos y comportamientos que engloban no solo los comentarios sexuales lascivos, el humor sexista, formas denigrantes u obscenas para dirigirse a las mujeres trabajadoras, presiones o chantajes, sino que también se manifiesta en ridiculizar y despreciar las capacidades y habilidades y el potencial intelectual de las mujeres, o mofarse de las trabajadoras cuando estas asumen tareas tradicionalmente asignadas a los hombres.
Una encuesta realizada por iniciativa del Parlamento Europeo (2018) señalaba que el 55% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en el lugar del trabajo. Pero si bien queda de manifiesto el rechazo social hacia este tipo de acciones y conductas (Percepción social sobre la violencia sexual-Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género), se considera que el acoso sexual en el trabajo terminaría si simplemente la mujer le dijese al hombre que parase. Esta conclusión responde probablemente al mito de lo que a menudo se ha catalogado como acoso sexual es en realidad coqueteo trivial e inofensivo. Y hablamos siempre en femenino porque, si bien cualquier persona es susceptible de sufrir acoso, son las mujeres las que mayoritariamente se ven afectadas. Y en especial aquellas que responden a un perfil de alta precariedad laboral y económica; en otras palabras, el tipo de trabajo y las condiciones en las que se desarrolla son un factor de riesgo para que se produzca una situación de acoso.
A la invisibilidad del acoso sexual contribuye el hecho de que, en ocasiones, las propias trabajadoras afectadas no se reconocen como víctimas de violencia de género; no perdamos de vista que se trata muchas veces de conductas naturalizadas y toleradas socialmente. Y aunque se sea consciente del acoso sufrido, existen toda una serie de condicionantes que limitan de hecho la disponibilidad de las mujeres para afrontar la denuncia: miedo a perder el empleo, temor a represalias por parte de la empresa, el pánico a revivir constantemente la situación (victimización secundaria), falta de credibilidad. Son los mismos motivos que se producen en todo proceso de denuncia por violencia de género.
Las raíces del acoso sexual y del acoso por razón de sexo residen tanto en la desvalorización de las mujeres y del trabajo femenino, como en el sexismo como rasgo cultural presente en los entornos laborales. La naturalización de determinados comportamientos sexuales masculinos ha dificultado la identificación y denuncia de este delito. Un delito que se ve reforzado en contextos de precariedad laboral y en modelos de organización del trabajo con estructuras jerarquizadas y autoritarias. A pesar de la falta de atención a las víctimas que lo padecen, el movimiento sindical y el movimiento feminista y las propias víctimas tenemos la capacidad de situar el acoso sexual en la agenda política y de concienciar a la población de qué se trata de una conducta delictiva que es urgente prevenir.
