Con la campaña del Black Friday se inician casi dos meses de un gran consumo. Este año viene marcado por una nueva normalidad que incrementará el volumen de ventas en línea. La pandemia de la covid-19 ha profundizado los cambios en la forma de consumir de la ciudadanía. Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística, las Islas Baleares están entre los territorios que más compras de e-commerce realizan.

Las compras en línea han venido para quedarse y muchos de los 54 euros, según se ha publicado en los medios de comunicación, que se calcula se gastarán por persona en Balears durante el Black Friday —a los que habrá que sumar los que nos gastaremos en el Cyber Monday—, se realizarán en compras por internet. Fechas señaladas en el calendario que, junto con las continuas promociones, han llevado a las rebajas a la papelera de la historia.

En un mundo globalizado, donde el espacio/tiempo se ha convertido en una variable insignificante para el coste de las empresas, las grandes del e-commerce se comen el mayor trozo del pastel sin que, nosotros consumidores, seamos conscientes de la factura de carbono que nos deja la huella del paquete en el trayecto hasta la puerta de casa. Ese mismo producto lo tenemos en la tienda de la esquina, eso sí, más caro por el valor añadido del salario en diferido que nos ofrece la presencia física del local y sus tasas e impuestos.

Empresas como Amazon, AliBaba y Ebay nos deslumbran con sus ofertas, y el señor Google y el resto de buscadores les ofrecen los datos de lo que quieres y a la hora en la que lo quieres. El algoritmo que le hemos facilitado en nuestras búsquedas nos hace una radiografía personal al minuto y convierte las pantallas en el mejor comercial de todo tipo de productos, casi siempre como intermediarios, sin responsabilizarse de lo que puedan hacer terceros.

La pregunta es ¿si no saliera publicitado en las plataformas, sabrías de su existencia, te llegaría en un banner de publicidad mientras navegas? Claramente, no. Las personas de más edad recordamos aquel anuncio que en su momento nos parecía cutre, pero que tuvo un gran éxito el siglo pasado: «Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo». Ahora las reglas son otras, son ellos los que saben dónde estás y cuál acostumbra a ser tu estado de ánimo a esa hora en la pantalla. Con un simple clic ¡ya está, en la cesta! Cierto que tienes 14 días para desistir de la compra, pero todos sabemos que eso se produce en un insignificante porcentaje de casos.

Ante el compulsivo clic es difícil que el comercio de proximidad y el pequeño establecimiento puedan competir, pero también es cierto que nosotros, las administraciones y los consumidores, tenemos margen para proteger a aquellos que junto a los asalariados pagan impuestos que nos brindan tener una sanidad pública y universal, que nuestros hijos disfruten de una educación pública, gratuita y de calidad, que tengamos vacunas, que se revaloricen las pensiones, vacaciones pagadas o que hasta los hijos de los trabajadores lleguen a la universidad, cosas impensables hace 50 años en España o sin ir más lejos en la primera potencia mundial, Estados Unidos.

Los comercios de proximidad, grandes o pequeños, dirigidos cada vez más por personas de todos los orígenes, son los que impiden que nuestros pueblos y ciudades sean un lugar frío, extraño, donde cuando llega la noche y las oficinas y empresas cierran la persiana, las calles se vacíen y se conviertan en un lugar hostil, en el que solo los riders se adentran por las calles y barrios.

Es cierto que el inmovilismo de algunos al no ver los avances de las ciudades pensadas para pasear y no para los vehículos es un freno que no ayuda al resurgir comercial. Son los mismos que, hasta que no escuchan el sonido positivo en su caja registradora, no llegan a ser conscientes del beneficio de las ciudades y pueblos amables al paseo del vecindario. Las mismas personas que al viajar admiran otros lugares por su vitalidad comercial, en las que sus grandes avenidas están ocupadas por ciudadanía sin montura.

Las administraciones tenemos mucho que decir y no solo ayudando con los ERTE en los momentos difíciles, con bonos de compra, mejorando las ciudades y pueblos o dinamizando el tejido comercial. También tenemos la obligación de luchar por la equidad y hacer cumplir al grande del comercio electrónico lo mismo que nos pide la ciudadanía y exigimos al pequeño, la Ley. Vivimos en un mundo sin fronteras comerciales y que a la vez parece deseoso de construir muros para las personas. No podemos admitir que se convierta en mar de piratas que navegan por las redes: que Amazon no sea un río revuelto, que a AliBaba no le acompañen 40 ladrones y que después de comprar en Ebay «si te he visto no me acuerdo».

El Gobierno de España ya se ha puesto manos a la obra y, a partir del 28 de mayo, tendrá potestad sancionadora. Hasta ahora, gracias a la laxa legislación, estas empresas utilizan el dumping fiscal y geográfico para sortear impuestos y ser impunes ante las sanciones. Perseguir las infracciones de estos grandes monstruos comerciales, que llegan a tener más poder económico que la mayoría de los países del mundo, es casi misión imposible. A partir de la próxima primavera, será tarea no fácil pero prioritaria y, aunque algunas comunidades se pongan de perfil, Balears no lo hará.