Tras una espera de más de mil días para reparar la legalidad vigente y renovar los miembros del Tribunal Constitucional, la ciudadanía merecía una acción política de altura que le reconfortara en su credibilidad en el sistema. Sin embargo, el nombramiento de los cuatro magistrados -dos a propuesta del PSOE y dos del PP- para ocupar las plazas vacantes ha agravado el desprestigio y ha ahondado en la desafección de la ciudadanía hacia los órganos institucionales de primer nivel que vertebran la democracia.

La mayor controversia se ha suscitado por los candidatos propuestos por el Partido Popular: Concepción Espejel, a quien la Audiencia Nacional apartó del caso Gürtel por sus vinculaciones con los populares, y especialmente Enrique Arnaldo, ampliamente cuestionado por su conducta profesional. Facturó sustanciosas cantidades por informes para administraciones públicas gobernadas por la derecha, mientras ejercía de letrado en Cortes, algo expresamente prohibido por el Estatuto del Congreso. En su cartera de clientes, destaca el expresidente balear Jaume Matas, quien le encomendó labores de asesoría en la televisión autonómica mediante un concurso amañado por el que ambos fueron investigados y que acabó archivado a instancias de la Fiscalía por prescripción. Tras abandonar el Consolat, Arnaldo contrató los servicios del corrupto Matas para negocios en latitudes como Belice y Panamá y le invitó a entrar en el sector del biodiésel con una empresa que dejaba su cuñado «notario para más señas». Nadie reclama sepulcros blanqueados para el ejercicio de labores públicas, pero sí un mínimo de decencia que asegure el respeto social. Aunque no sea conveniente, pueden tolerarse perfiles incluso extremos en temas controvertidos que reflejan el sentir de minorías radicalizadas de la sociedad para puestos del calado que nos ocupa, pero jamás de personas tan alejadas de la ejemplaridad en su conducta.

Pablo Casado ha dilapidado con este candidato, vinculado también a su meteórico aprobado de los estudios de Derecho, cualquier atisbo de credibilidad que pudiera merecer su propuesta de jueces elegidos por jueces frente al sistema que opera desde la transición de jueces elegidos por políticos. Primero jugó al bloqueo y ahora al desgaste. La votación en el Congreso, con diputados votando con la pinza en la nariz, fugas de la disciplina de voto en las filas de la izquierda y grupos políticos ausentes para no ser corresponsables del esperpento, erosiona a socialistas y podemitas. Pedro Sánchez ha logrado desbloquear otras renovaciones demoradas, como la del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo y allana, en principio, la del Consejo General del Poder Judicial, pero ¿a qué precio?

La sociedad urge de referentes de prestigio que accedan a la primera línea por su idoneidad para optimizar el funcionamiento de los altos órganos del Estado y de líderes políticos capaces de elegirlos, sin priorizar espurias motivaciones. En el Constitucional, se ha perdido una oportunidad. Quedan otras.