Aunque los ministros del Interior de turno intenten negar la mayor, la realidad se impone y se confirma que la ruta del norte de África empezó a fraguarse en 2007, cuando se interceptaron en Baleares siete embarcaciones con 80 inmigrantes ilegales. Aquella fría mañana de enero de 2008, Alfredo Pérez Rubalcaba ya tuvo que referirse, en rueda de prensa, a la localización de una patera de pequeñas dimensiones en aguas de Santanyí, porque el asunto empezaba a preocupar. A día de hoy, nadie duda de que es un fenómeno asentado.

Han pasado casi 15 años desde la arribada de las primeras pateras con inmigrantes irregulares a nuestro litoral, entonces estábamos incluidos en la llamada zona de Levante (Murcia, Baleares y Alicante) que contabilizó un total de 577 personas en los once primeros meses de 2007, lo que supone un crecimiento de más del 7.000 por ciento en comparación con el 2006, cuando tan sólo ocho inmigrantes ‘sin papeles’ alcanzaron tierra en Mallorca. Nada hacía presagiar que llegaríamos a la situación actual. ¿O tal vez sí?

Tras una década de goteo incesante de llegada de cayucos a las playas de las islas, en 2017 se contabilizaron 227 ‘sin papeles’ en 23 embarcaciones. Cifras considerables, pero alejadas todavía de los récords de este verano. A principios de octubre de este año habían llegado al archipiélago balear 1.489 inmigrantes ilegales en todo tipo de embarcaciones. En tan solo un fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, se interceptaron 21 pateras en Mallorca, Formentera e Ibiza, con 330 personas a bordo.

Las mafias no se frenan: venden nuestras costas, con un sinfín de calas recónditas, como un objetivo sencillo, con menos efectivos destinados a este cometido, a sabiendas que la ruta Argelia-Baleares es muy peligrosa. Los traficantes de personas saben que es una auténtica odisea intentar la hazaña con el estado de la mar en contra, con avisos de oleaje desaconsejables para navegar, como ha ocurrido recientemente. Pero, aún así, arriesgan, y toman rumbo quedando expuestos a la buena suerte.

Y en medio de esta sinrazón, uno de los últimos capítulos de esta triste historia lo protagonizó Fernando Grande-Marlaska, el pasado 16 de agosto, en una visita a Mallorca, cuando, en referencia a un posible colapso de los servicios de emergencias ante la ola migratoria desde Argelia, aseguraba que Baleares cuenta con las infraestructuras «precisas y necesarias» para dar respuesta a los cientos de inmigrantes que llegaban en aquellos días y añadía que «no había ningún problema a resaltar». Pero, ¿con qué desfachatez dice eso y no hace ni una sola mención a solucionar el problema de raíz? Bajo ningún concepto deberíamos normalizar la llegada masiva de personas que ingresan en territorio español de forma irregular, ni por ellos ni por nosotros, porque hay una serie de normativas, protocolos y controles de fronteras que si están es por algo. Y, por tanto, ningún ministro, por muy ministro que sea, debería hacernos creer que es algo normal.

La verdad se impone y las reacciones de los sindicatos policiales no se hicieron esperar. Le recordaron a Marlaska que se está actuando con improvisación y que no se disponen de equipamientos destinados a acogerlos. Han tenido que ser ubicados así como pueden, en estaciones marítimas, calabozos y garajes de comisarías.

Las manifestaciones políticas tampoco han cesado en estos últimos tiempos. Desde la petición de una comparecencia parlamentaria de la Delegada del Gobierno, Aina Calvo, para explicar el protocolo de acogida de inmigrantes, -por cierto con el voto en contra de sus socios de gobierno-, hasta iniciativas varias, de todos los colores, en la Cámara autonómica para poner de relieve la que se nos está viniendo encima.

A todo esto, Sánchez y Armengol no pueden mirar a otro lado y dejar caer en saco roto un problema que nos puede acarrear disgustos mayores: tragedias en el mar, caos en la atención humanitaria, inseguridad, etc.

La política migratoria es una asignatura pendiente en Europa y no podemos silenciar la sangría de muertos y los cientos de desaparecidos que deciden jugarse la vida sin pensárselo demasiado, en busca de un futuro. Porque cuando no tienes nada, la esperanza lo es todo.

Y son estos mismos ‘sin papeles’, los que no tienen nada que perder, los que no dudan en buscar nuevas vías de escape, como la reciente fuga de 20 jóvenes desde un avión obligado a aterrizar en el aeropuerto de Son Sant Joan. Fallaron los protocolos, digan lo que digan. Es obvio y es necesario asumir responsabilidades. No basta con decir «esto no puede volver a ocurrir» como ha hecho la señora Armengol.

Necesitamos normativas serias y valientes, además de dotar de medios personales y materiales suficientes a las entidades sociales y a las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente a esta nueva y dura realidad.