Lo obtenido por Josep Miquel Arenas escapa a interpretación racional alcanzando cotas inaccesibles para la mayoría; no se consigue organizando campañas provistas de abundantes medios; ahí es nada: su caso desemboca en que el Tribunal Constitucional belga dictamina que las ofensas a la Corona están amparadas por la libertad de expresión, lo que de facto invalida la pretensión de extraditarlo a España; de paso abochorna a la Justicia española, al Tribunal Supremo (TS), que aceptemos que en Europa no resulta complicado hacerlo: se bastan y hasta se sobran el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y su acólito instructor Pablo Llarena. Valtònyc, huérfano de sostenes políticos más allá de los recalentados independentistas, en Mallorca menos que ínfima minoría, después de fugarse a Bruselas para escapar de la arraigada costumbre de muchos jueces españoles de vulnerar la libertad de expresión, sentenciado a pena de cárcel dictada por el TS a partir de la querella presentada por el líder de la extrema derecha neofascista de Vox Jorge Campos, se ha permitido poner patas arriba la jurisprudencia belga, que deja de considerar delito los insultos a la Corona, porque prevalece la libertad de los ciudadanos a decir lo que les venga en gana contra las testas coronadas. Valtònyc va crecido, ve cómo ha pasado de ser un maleducado a perseguido político, exilado, en terminología independentista, lo que le posibilita declarar, sin sonrojarse, razones le conceden para no hacerlo, que alberga ambiciones que no puede colmar en Mallorca. No descartemos que cuando se celebren las próximas elecciones al Parlamento Europeo se integre en alguna candidatura, como la de los flamencos belgas accediendo a la Eurocámara. Enésima bofetada en la cara del TS, que nos abochorna en Europa siempre que se le presenta la oportunidad.
Dice Valtònyc, sobrado, que ahora está en condiciones de movilizar a más gente que cuando fue sentenciado en 2018, que ha de aprovechar la oportunidad que se le ha servido; aclara que a pesar de ser libre en Bruselas no hay que relajarse, puesto que la libertad de expresión es un derecho que hay que recuperar. También se permite dejar a los pies de los caballos al jubilado Pablo Iglesias y a Podemos por no tumbar la ley mordaza, cosa que él sí ha hecho en Bélgica. Concluye que a partir de ahora «paso al atraque».
Cuando Jorge Campos presentó la querella contra Arenas por la letra de su canciones, al entender que se le amenazaba de muerte y se injuriaba a la Corona (que Vox insulte va de suyo, es patrimonio de la extrema derecha) desbrozó un camino que no se pudo prever hasta dónde nos iba a conducir. Habrá que agradecerle al falangista Campos el esfuerzo desplegado. Inopinadamente su coercitiva denuncia se traduce en que en el corazón de Europa, en la capital de la Unión, su Tribunal Constitucional, al que las adherencias del español le son ajenas, establece lo que no debería ser objeto de debate: la primacía de la libertad de expresión, que ampara el insulto, la grosería, la falta de respeto, atributos que se colman en Valtònyc, además de la ausencia de cualquier átomo de talento.
La derecha judicial, ampliamente mayoritaria, mantiene campaña poco disimulada para coartar la libertad de expresión. Aprovecha denuncias de la extrema derecha, que a través de sus tentáculos, como la Asociación de Abogados Cristianos, se querella contra todo lo que se mueve obteniendo suculentos réditos al ser admitidas a trámite sus liberticidas denuncias, lo que ya de por sí es mordaza intimidatoria. Las posteriores absoluciones, de llegar, no impiden que se haya metido el miedo en el cuerpo a quien ha padecido la intromisión judicial. Así estamos, así ha sabido aprovecharlo Arenas.
