Ayer, los cuatro candidatos a incorporarse al Tribunal Constitucional fueron entrevistados en comisión por el Congreso de los Diputados. Y como se había acordado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, todos ellos pasaron la prueba, que ahora debe ser refrendada en plenario y por mayoría cualificada.
Alguno de los candidatos posee un currículum que, con independencia de la valoración jurídica de sus comportamientos, es cuando menos impropio en quien pretende ocupar un cargo institucional de tanta relevancia, ya que el TC tiene en su mano el Estado de Derecho y los ciudadanos nos merecemos que para este menester sean elegidos los mejores juristas sin discusión, y con una trayectoria de honradez acrisolada e indudable. Sin embargo, como las direcciones de los partidos ya habían adoptado una decisión firme, la cámara baja ha actuado con decepcionante servilismo y ha complacido a sus directivas, que tienen al fin y al cabo en su mano la suerte de todos y cada uno de los diputados (las listas cerradas y bloqueadas plantean este problema).
Fue un espectáculo deprimente ver ayer a los representantes populares cabizbajos y avergonzados cumpliendo la deshonrosa misión de convalidar lo inconvalidable, sin la gallardía suficiente para decir lo que pensaban. Es trágico para este país que no solo no se hayan producido a tiempo las renovaciones pertinentes sino que, al realizarse, se haya permitido que un halo de corrupción se deslice por los resquicios del acuerdo. Es lógico que la ciudadanía se aleje de la política o caiga en las redes del populismo; los partidos convencionales no han aprendido la lección.
