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Ramón Aguiló

Escrito sin red | El valor de las palabras de Sánchez y de los pactos del PSOE

Que la palabra del presidente del Gobierno tenga algún valor es algo que solamente son capaces de sostener los favorecidos por el dedazo del césar de la Moncloa. Los ejemplos que puede aportar la hemeroteca son numerosos. Nunca pactaría con los podemitas porque, como el 95% de los españoles, incluidos los que votan Unidas Podemos, no podría dormir; nunca pactaría con los independentistas; nunca pactaría con EHBildu; nunca indultaría a los condenados por el procés. Ha pactado el gobierno con los podemitas; ha aceptado en la investidura el voto abstencionista de ERC y de EHBildu; para aprobar los presupuestos de 2021 ha pactado el voto favorable con ERC, PNV, EHBildu y PdeCAT. Tras los presupuestos pactó en noche aciaga con EHBildu y UP la derogación de la reforma laboral del PP; tras el escándalo se desmintió a sí mismo al día siguiente. Ha indultado a los independistas condenados. Sus turiferarios no solamente no le afean su naturaleza acuosa, la que valoraba Bruce Lee: «be water my friend», la de adaptarse a cualquier continente, sino que revisten sus mentiras de clarividente necesidad de adaptarse a una realidad cambiante, lo que llaman, extasiados, la audacia de Sánchez. Antes de las elecciones hay una realidad, después hay otra; primero hay que ganar las elecciones, primera realidad; después hay que formar gobierno, una realidad diferente. Las promesas están para cumplirlas sólo si se adecuan a la necesidad de poder.

Veremos que pasará con la derogación de la reforma laboral. Sánchez prometió derogarla en el pasado. Después prometió derogar sólo los aspectos más lesivos. El pacto entre PSOE y UP para formar gobierno incluyó la derogación de la reforma: punto 1.3: «Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma de 2012». Con carácter urgente suscribieron derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas de enfermedad; las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo; derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Modificar el art. 42.1 del Estatuto de los trabajadores sobre contratación y subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato; revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos.

En la clausura del congreso del PSOE, Sánchez alardeó de que iban a derogar la reforma laboral del PP. Adriana Lastra, relegada como portavoz parlamentaria, reconducida al PSOE como vicesecretaria general, proclamó: «El ejecutivo derogará la reforma laboral. Y lo va a hacer el PSOE porque es posible una recuperación justa, con pensiones y salarios dignos, frente a una derecha que afirma que hay que elegir entre crecimiento y derechos sociales». La reflexión obligada sería ¿cómo es posible ir prometiendo incrementar los derechos sociales (cuestan dinero) sin crecimiento? Una reflexión del ahora recuperado y aplaudidor González: «para repartir riqueza, primero hay que crearla». Desde el sector socialista del gobierno acusaron a la ministra de Trabajo de no coordinarse con Economía y Seguridad Social para presentar a los agentes sociales la propuesta de «actualización» de la reforma laboral.

Yolanda Díaz, la figura emergente de la izquierda del PSOE, se cuadró: «Pacta sunt servanda», acusando al PSOE de maniobrar para no cumplir lo pactado y de querer el protagonismo en el proceso de derogación de la reforma del PP que corresponde al ministerio de Trabajo y a ella misma. Se desató una nueva crisis de gobierno que se superó provisionalmente con la incorporación de Calviño y Escrivá a los trabajos. Todas las crisis están originadas por la ambición de poder de Sánchez. Con tal de ser presidente se firma cualquier cosa, ya habrá tiempo de reconsiderar lo que sea. Es la cantinela perenne de este personaje, que no duda ni un instante en decir al interlocutor de turno lo que éste quiere oír. En Bruselas dice a la C.E. que solamente van a cambiar algunos detalles, los más lesivos. En España promete y se compromete pactando con UP la derogación de la reforma. Lo proclama en la clausura del congreso del PSOE. Pero la proclama no es para sus militantes, para su partido, un partido que no se parece para nada al de González, un partido que come de su mano. Además, ¿qué importancia tiene lo que se dice, lo importante es estar en el poder y mantener fuera del mismo a la derecha y a la extrema derecha que no condenan al franquismo. Desde Zapatero vivimos zarandeados por el sectarismo político («hay que tensionar al electorado para movilizarlo»). Con Sánchez hemos llegado a su apoteosis. En todo caso, cabría espetar a Díaz que cuando pactaron con Sánchez para formar gobierno, cuando le hicieron presidente, ya sabían de su falta de escrúpulos, por lo que no deja de ser un ejercicio de hipocresía que ahora se estén rasgando las vestiduras por la vulneración de lo pactado; en su pecado está su penitencia.

La puntilla a Sánchez se la ha dado el Tribunal Constitucional, que el miércoles declaró también inconstitucional el segundo estado de alarma, su prórroga durante seis meses e ilegal la delegación de competencias de la alarma en las CC.AA., como ya adelantamos en esta misma columna el 30 de octubre del pasado año, por contravenir la Constitución y la ley 4/1981, que dice que la autoridad competente será el Gobierno, y que por delegación de éste el presidente de la C.A. cuando la declaración de alarma afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una C.A. La sentencia ha sido aprobada por seis votos a cuatro; como la anterior, con votos cruzados, de izquierda y derecha. Cuando Sánchez se esfuerza permanentemente en resaltar que, a propósito del Consejo General del Poder Judicial, el PP no cumple la Constitución, se hace evidente que, en la peor crisis desde la Guerra Civil, la pandemia que arrastramos, con tal de escurrirse de sus responsabilidades al frente del gobierno y trasladarlas a las autonomías, en un ejercicio insoportable de sectarismo y cesarismo (nada que ver con salvar vidas, como dice la portavoz para intentar justificar sin rubor alguno la vulneración de la legalidad, sino para salvarse a sí mismo), no ha dudado en vulnerar gravemente la ley suprema de nuestra democracia.

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