Igual no recuerdan que entre 2008 y 2013 la crisis económica tuvo un segundo escenario en una burbuja de precios sobre las materias primas y alimentos que acabó en una gravísima crisis alimentaria mundial. Yo estaba en Haití y, tras dos meses de fuertes disturbios, una muchedumbre enfurecida acabó con el gobierno del país. El FMI y la FAO avisan que estamos a las puertas de una nueva tensión del sistema alimentario que empieza por tener un efecto directo sobre todas y cada una de las explotaciones agrarias y ganaderas.

En este caso, la crisis se ha iniciado con un desequilibrio general sobre las materias primas e insumos provocado por el imparable ascenso del precio de la energía. La tarifa eléctrica ha subido un 25% de media para las explotaciones agrarias y ganaderas. Al tiempo llegó la subida del precio del gasóleo agrícola, que este sábado se situó en un histórico 0,938€/lt de media. La industria de insumos ha visto subir el coste energético hasta en un 350%. La escalada de los precios de la electricidad, del gas y del petróleo se trasladó al transporte y pronto tuvo su impacto sobre el coste de los fertilizantes, los plaguicidas y los piensos y aquí se ha desatado una cadena de sucesos de efectos todavía indeterminados. Les aseguro que los payeses y las empresas agrarias de Illes Balears están literalmente con el agua al cuello.

El caso de los fertilizantes es paradigmático de esta tormenta perfecta. En plena temporada de siembra, el precio de los abonos nitrogenados ha subido el 60%, el complejo 15-15-15 subió un 70%, el fosfato diamónico un 80%, y el cloruro potásico un 85%. Estos precios suponen que una explotación de cereal en secano de 100 ha que tenga 80 ha sembradas, solo por el aumento del coste de la siembra, pagará 2.450€ más por los fertilizantes y 1.725€ más por el gasóleo. Los agricultores tomarán sus decisiones y tendrán, como resultado seguro, una disminución en la producción de cereales y proteaginosas a partir del verano de 2022, lo que profundizará la crisis. Por otra parte, los precios de los cereales con los que se fabrican los piensos han subido entre un 12% y un 20%, que sumado al coste de la energía para fabricarlos, hace que un ganadero de Baleares, hoy está pagando por la ración de harina de maíz un 35% más que hace un año, y un 24% por la de colza. Tengo algunos cálculos hechos y puedo estimar que entre el 50 y el 70% de la ayuda de la PAC de este año se destinará a cubrir la subida del precio de los insumos.

La situación se agrava por días y ya vemos sus efectos locales y globales. Las cooperativas me cuentan la gran cantidad de facturas pendientes de cobro desde hace meses porque los payeses no tienen liquidez para afrontarlas. Hace dos semanas, la gerente de la Cooperativa del Camp de Menorca me compartía un correo que recibía de su principal proveedor de fertilizantes anunciándole la suspensión del suministro. La semana pasada, la multinacional Fertiberia, que abastece el 70% de los fertilizantes de España y Portugal, anunciaba la parada temporal de su planta de Palos de la Frontera, y una reducción productiva al 50% de la Planta de Puertollano, mientras, la noruega Yara, especializada en producción de amoniaco, ha anunciado el recorte en un 40% su capacidad de producción en Europa.

La crisis está tardando en llegar a los precios de los alimentos que pagan las familias. La vulnerabilidad de nuestra economía tras un año y medio de pandemia está sirviendo para retrasar una decisión que será inevitable. El sector lleva cuatro meses de extrema presión y no podrá aguantar más sin repercutir sus costes en los precios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? En el corto plazo, y en ello estamos, hay que garantizar las transferencias de liquidez a las explotaciones y empresas del sector. Pero en el medio y largo plazo, quizás sea el momento de pensar definitivamente en un modelo de producción más sostenible y menos dependientes de insumos. ¡Nos toca un tiempo de encrucijada!