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Cómo regular el cannabis

La semana pasada el partido político Más País llevó en el Congreso de los Diputados una proposición para adecuar la normativa española sobre el cultivo, la comercialización y el consumo del cannabis. Desde la perspectiva de la salud pública esta regulación debería tener en cuenta las consecuencias que puede generar el consumo de esta sustancia, tanto en la salud como las que se derivan de su mercado ilegal. El consumo de cannabis no es irrelevante. En España, según la encuesta Edades 2019-20, en el grupo entre 15 y 64 años el 14,6% de los hombres y el 6,3% de las mujeres declararon haber consumido en el último año, siendo la droga ilegal más consumida. Frecuentemente es un consumo experimental o puntual, pero una parte de personas consumidoras desarrollan problemas por consumo habitual, prolongado en el tiempo y/o de cantidades elevadas. Los problemas asociados al consumo pueden ser físicos (por ejemplo, problemas respiratorios, accidentes de tráfico), mentales (dependencia, síntomas psicóticos) o sociales y económicos (abandono escolar, producción laboral insuficiente, problemas legales). Estos efectos son más probables si el consumo se inicia en la adolescencia. El hecho de que el acceso a la sustancia sea frecuentemente a través de un mercado ilegal implica otras consecuencias añadidas, como la falta de control de calidad y composición del producto o las acciones delictivas para obtenerlo, que pueden ir ligadas a la violencia y corrupción que los mercados ilegales comportan. El impacto de las consecuencias negativas para la salud en general, así como de los problemas de seguridad, no están exentos de presentar un patrón de desigualdad social, siendo las personas socioeconómicamente más desfavorecidas las que sufren más.

Por lo tanto, hay que prevenir o retrasar la edad de inicio de su consumo, intentar que el consumo ocasional no pase a ser regular y ofrecer tratamiento a quien hace un consumo problemático. La regulación tendría que ir más allá que dejar de prohibir la venta, y hay que aprovechar los aprendizajes obtenidos con el consumo de tabaco y de alcohol, así como de las experiencias de regulación del cannabis realizadas en otras regiones del mundo, a pesar de que todavía no se tiene un conocimiento muy amplio de sus impactos y habría que ampliar la investigación científica.

Consideramos adecuado revisar y modificar la situación actual, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta la salud de la población y la equidad. Hace falta que la regulación contemple cuestiones sobre: 1) la producción, no facilitando un mercado basado en la maximización de beneficios, así como el tipo de productos y su composición; 2) los precios y el acceso, restringiendo según la edad (mayores de 18 años), en horarios, etcétera; 3) la prohibición de publicidad, promociones y patrocinios; 4) asegurar la prevención, el tratamiento, los sistemas de información para monitorizar el impacto en salud, y la investigación, y 5) los sistemas de control y los recursos que se requerirán para la buena aplicación de la normativa.

En el caso del alcohol y del tabaco, se ha tenido que trabajar muy intensamente para avanzar en las restricciones de la regulación necesarias para reducir el impacto negativo en la salud. En el caso del cannabis, partiendo de la regulación muy restrictiva actual, habría que relajar las restricciones de forma más controlada, previendo una regulación que pueda ir modificándose en función de los resultados en la salud colectiva.

Consideramos necesario que, previa a la aprobación de un cambio regulatorio sobre el cannabis, se aplique una metodología internacionalmente reconocida, la Evaluación de Impacto en Salud, que tiene por objetivo evaluar cómo afectarían a la salud los cambios normativos y, por lo tanto, poder ajustar la nueva regulación en función de los resultados obtenidos. Un cambio de este estilo requerirá también que se acompañe, desde el inicio, de comunicación a la población con campañas de educación en salud diseñadas desde instituciones de salud pública.

Y sería bueno que las sociedades científicas y organismos de salud pública, tanto nacionales como internacionales, profundicen en este tema y aporten argumentos sólidos que se puedan tener en cuenta en el debate actual.

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