El anuncio por Sánchez de que está a punto de legislarse la abolición de la prostitución, un designio plenamente atinado si se lleva a cabo teniendo en cuenta toda su complejidad, está ya generando un saludable debate que conviene abordar para que la norma sea lo más acertada posible y resuelva el principal problema de fondo que es, sin duda alguna, la explotación de las mujeres, víctimas de trata, que se dedican esclavizadas a esta rentable actividad que, según informaciones recién publicadas, mueve en nuestro país unos 4.000 millones de euros al año. Es decepcionante conocer que España es el primer país de Europa y el tercero del mundo en consumo de prostitución. Una actividad sobre la que hasta ahora se ha cernido un ominoso vacío legal. Hay que tener en cuenta para cualquier reflexión la evidencia de que en torno al 90% de las mujeres prostituidas no han llegado a esta situación voluntariamente.
Los dos cauces de control de la prostitución son la regulación y la proscripción (abolicionismo). En ambos casos se pretende sobre todo eliminar la trata y perseguir a quienes la realizan. Últimamente, los proxenetas recurren a «material» de importación, lo que hace que la indefensión de las víctimas, inmigrantes ilegales en su mayor parte, sea todavía mayor. La vía adoptada por el principal partido de gobierno, el PSOE, a la que parece adherirse UP, es la vía del abolicionismo que castiga al cliente y al proxeneta y ofrece a la mujer prostituida vías efectivas de reinserción. Básicamente, es el modelo adoptado por Suecia y por Francia. Una variante es el modelo finlandés, que solo penaliza al cliente cuando comercia con víctimas de trata.
El problema no es simple ni tiene solución fácil. Pero no puede aplazarse su solución, que ha de provenir un debate de toda la sociedad, basado en el reconocimiento de que estamos ante una actividad degradante que ha de ser erradicada.
