Govern, Consell y ayuntamientos de Mallorca han relegado durante tantos años la política de vivienda que se nos ha quedado una isla donde ya solo se construye para las grandes fortunas, donde los promotores consideran que no es rentable trabajar para las cada vez más debilitadas clases medias, los trabajadores no empobrecidos se ven obligados a dedicar mucho más de la mitad de su sueldo a pagar el alquiler o la hipoteca y solo el 17% de los jóvenes puede aspirar a emanciparse, porque afortunadamente ganan lo suficiente o sus padres, a menudo con menor formación académica pero con sueldos más altos, consiguieron ahorrar lo suficiente para comprarles una vivienda o dejársela en herencia. La situación es dramática y urgente, dispara la tasa de exclusión social entre la población y tiene infinidad de efectos colaterales. Pero la respuesta política resulta débil y de corto alcance. El Ibavi, por ejemplo, solo gestiona 1.878 pisos, construye 585 más y antes de que finalice el año entregará 13 llaves, trece gotas de agua en un océano de necesidad. Pero hay infinidad de familias que no cumplen los requisitos para acceder a una vivienda pública y sufren igualmente una situación de precariedad, mientras las soluciones se posponen y el problema se agrava. Hacer un recuento de viviendas vacías y proponer a la administración que negocie un acuerdo con cada propietario no soluciona un problema tan complejo. Proponer que se construya vivienda joven en suelo rústico, tampoco. Pero sí hay que exigir a la administración que no baje la guardia, que abra el debate, que negocie con los sectores económicos implicados, con los partidos, con las entidades de protección del medio ambiente, que actúe sobre el mercado, que lo regule y que, sobre todo, intente evitar por todos los medios el abismo de desigualdad que se está abriendo con un derecho básico.
