Los esfuerzos del Gobierno por abaratar el precio de la energía, cautiva en un sistema tarifario descabellado que marca como precio mayorista el último que forma parte del mix, y que por definición es el de precio más caro, están siendo respondidos con afectada indignación y con displicencia por las compañías eléctricas, que consideran abusivo que el Ejecutivo, que tiene como obligación velar por los intereses de los consumidores (no solo de las grandes compañías) trate de reducir ese dinero caído del cielo que prodiga a dichas empresas el modelo vigente.
Leo que, en represalia a tales esfuerzos, Iberdrola y Endesa han plantado al Gobierno en la subasta de renovables. La bofetada no es al Gobierno sino a todos los consumidores, que hemos asistido con irritación al ‘fichaje’ por una de dichas empresas de un esquirol político de la izquierda que se dedicará en teoría a facilitar las cosas al sector (la práctica de las eléctricas de fichar altos cargos en retiro es proverbial).
Pues bien: ya son muchos los expertos que piensan en la conveniencia de intervenir el mercado eléctrico –como hacen por ejemplo Francia, Italia, Suecia, Países Bajos, Suiza o Alemania- y/o de crear una empresa eléctrica de referencia que en tiempos de distorsiones como la actuales sea capaz de cargar con el peso de la demanda –de soportar el propio mercado- y que podría formarse, de momento, con la energía hidroeléctrica proveniente de los saltos de agua que ya han revertido al Estado. No se trata, en fin, de nacionalizar sino de controlar un servicio público que no puede quedar a merced de la especulación pura y dura.
