Hace poco el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un informe que hace pasar vergüenza a cualquier persona de este país que se considere demócrata y defensora de los Derechos Humanos.

En 2009 España suscribió la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas. Tal vez los dirigentes políticos de entonces pensaban que firmar esos documentos era un trámite, un requisito para parecer más modernos, o quizá eran tan ingenuos que creyeron que los poderes que siguen rigiendo el país desde rincones oscuros acatarían fácilmente los estándares occidentales de respeto a los derechos de las personas. Nada más lejos de la realidad.

La ONU, educadamente, viene a decirle a España que ya vale de tomarle el pelo al Comité y a la gente, y le pide al Estado que incorpore de una vez la desaparición forzada como delito específico, con penas aplicables y proporcionales a su extrema gravedad; que investigue las desapariciones forzadas del franquismo, y sin hacer trampas con los plazos de prescripción como hasta ahora, y también que deje de poner trabas y coopere adecuadamente con otros estados en materia de desapariciones, en referencia clara a la Causa Argentina.

Le dice también que elimine los obstáculos jurídicos para las investigaciones, apuntando directamente a la Ley de Amnistía de 1977, para que las víctimas de desapariciones puedan ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral; que aparezca en el ordenamiento jurídico el derecho a la verdad, sin importar de la fecha de inicio del delito, aludiendo de nuevo a la Guerra Civil y el franquismo, y que se implemente un sistema de reparación integral para las víctimas en la línea de lo dispuesto en la Convención firmada.

Vista la lista de incumplimientos flagrantes, se diría que al Estado le han importado un pimiento las decenas de miles de víctimas de desapariciones forzadas, o sus derechos. Se puede asimilar que en una dictadura suceda así, pero tras más de 40 años de «democracia plena» la verdad es que los derechos de estas víctimas, para el Poder Judicial, no existen. Y si va a depender de sus gerifaltes, seguirá igual.

Por eso desde Unidas Podemos insistimos en la urgencia para aprobar una Ley de Memoria Democrática que acabe con la impunidad y la injusticia que ha imperado hasta ahora, en la línea marcada por la ONU. Una ley ambiciosa en derechos e inflexible en su determinación: verdad, justicia y reparación.

Por supuesto, en este proceso tendremos enfrente a la derecha, atrincherada en su nacionalismo neofranquista, con un PP fundado por 7 ministros de Franco, y su actual líder calificando las políticas y esfuerzos en Memoria avalados por la comunidad internacional como un «inmoral desenterramiento de rencores». Queda claro que las Convenciones de Derechos Humanos de la ONU al PP le resbalan.

Desgraciadamente para este país, en la conquista y defensa de derechos, pocas veces se ha podido contar con la derecha, y hay muchos ejemplos: voto femenino, divorcio, aborto, matrimonio gay, violencia machista, ingreso mínimo vital, y ahora las víctimas del franquismo.

Pero a pesar de ello, seguiremos avanzando. El informe de la Comisión nos da 3 años para cambiar el rumbo, tiempo para aprobar normas, derogar la ley de Amnistía, reformar la justicia para que sea justa con las víctimas y reforzar los derechos pisoteados. Intentemos que las próximas noticias que lleguen de la ONU sean de felicitación, y no otra bofetada en la cara.