El Tribunal Constitucional de Polonia ha declarado inconstitucionales varios artículos de los Tratados de la Unión. La resolución, retrasada varias veces, da respuesta a una pregunta planteada en marzo al Constitucional por el Gobierno de Mateusz Morawiecki, de la formación de extrema derecha Ley y Justicia (PiS), quien defendía la misma tesis que al final ha sostenido el alto tribunal: que el derecho polaco tiene primacía sobre el europeo.
Muchos países han tenido discrepancias con las políticas comunitarias, llegándose a plantear pleitos que ha resuelto en todos los casos el aparato judicial de la Unión Europea (el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, desdoblado en dos órganos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General). El TJUE interpreta la legislación comunitaria para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.
La posición de Polonia invierte el sentido de la UE, que es una sociedad de naciones en que los países miembros ceden una importante parcela de soberanía al conjunto: en concreto, reconocen la prevalencia de la legislación comunitaria sobre la estatal, y acatan las sentencias del TJUE. Si no se cumplen estos requisitos ni sirven para algo las sanciones impuestas, no quedará más remedio que enseñar a Polonia la puerta de salida de la UE.
