El anuncio del acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para consolidar una Ley de Vivienda que penalice a los tenedores de pisos vacíos y bonifique el acceso de los jóvenes a una primera residencia, con la consiguiente emancipación, ha sido acogido con satisfacción por las principales instituciones de Baleares. El Govern se ha apresurado a señalar que la intencionalidad de la norma gubernamental se inscribe en la misma senda de sus disposiciones específicas y el ayuntamiento de Palma, que se sepa, ha sido el primero de España en prestarse a subir el IBI a los pisos vacíos lamentando incluso que, en este caso, no se pueda intervenir la propiedad privada.

No se sostiene la misma tesis desde la oposición. El PP ha visto en el mero anuncio de la ley estatal «un ataque a la propiedad privada». Ciudadanos observa en ella un despropósito a la competencia y desde las patronales de la construcción ya se lanzan señalas de alarma con sonido de inseguridad jurídica y de espantada de inversores. Lo agentes de la propiedad inmobiliaria, por su parte, reclaman un registro de grandes tenedores y una definición clara sobre vivienda vacía.

Todo cuanto se pueda decir hoy sobre la disponibilidad y situación del mercado de la vivienda en España hay que incrementarlo con signos de dificultad y mayor coste cuando se concreta sobre Baleares. Los datos no ofrecen lugar a duda en este sentido. Un residente en Mallorca, aparte de verse forzado a competir con compradores extranjeros de alto poder adquisitivo, necesita 16 años de su sueldo para comprarse una vivienda, cuando la media española es de siete y si hablamos de La Rioja baja hasta cinco. Los precios del alquiler también están muy por encima del término medio español, solo por debajo de Madrid y Cataluña, por motivos obvios de capitalidad.

El artículo 47 de la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso a la vivienda para todos «regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Sin embargo, la realidad social deja patente que este precepto está lejos de cumplirse. La primera vivienda, muchas veces inaccesible, debe ser sagrada para todos, la segunda, por lo menos en Mallorca, en muchos casos está vacía y por tanto resulta consecuente que sea gravada como contraposición y modo de trasvase a quienes no pueden disfrutar de un derecho tan básico y fundamental. La realidad demuestra que, por regla general, hoy solo tienen casa en propiedad en Baleares quienes superan la cincuentena de edad.

La vivienda es un problema indiscutible en Mallorca. En buena lógica cabe pensar que su dificultad de acceso afecta también por igual a los votantes de PSOE y Podemos. Es más, el acuerdo alcanzado por las dos formaciones no hace más que resaltar la gravedad de una situación que ya no admitía más demoras para ser afrontada.

Ahora solo cabe esperar que las normas que se establezcan en forma de bonos a los jóvenes, topes de alquiler en zonas tensionadas y recargos en el IBI de casas deshabitadas vayan acompañadas de garantías suficientes para evitar mayor especulación. La colaboración de los ayuntamientos será clave en este sentido. No puede repetirse el fenómeno de los descuentos en el transporte aéreo que ha acabado traduciéndose en mayor incremento de precios por parte de las aerolíneas.