En la revisión del Plan General de Ordenación de Palma se pretende establecer que en las zonas saturadas no pueda abrirse bar o restaurante a menos de 50 metros del existente. La iniciativa del gobierno «socialcomunista» de Cort, trasunto del que preside Pedro Sánchez, «ilegítimo» desde el primer día para las derechas, ha merecido la aceptación de asociaciones de vecinos, de entidades conservacionistas, cosa comprensible; también la del presidente de la asociación de empresarios de la restauración, Alfonso Robledo, pródigo en intervenciones públicas a lo largo de la pandemia en las que siempre se ha opuesto, con poca fortuna, a las restricciones impuestas por el Gobierno balear. Robledo dice que bienvenidas sean las limitaciones siempre y cuando, atención a la matización al libre mercado, a la competencia que crea riqueza y puestos de trabajo, a la ley de la oferta y la demanda, no afecten a los negocios ya abiertos y a la ocupación de la vía pública de sus terrazas. Esa es la pacata concepción que tiene el presidente de los restauradores: negocios abiertos, ni tocarlos, quien quiera abrir su restaurante o bar en calles que no dan más de sí, pues a dificultárselo: no menos de 50 metros de distancia, de no haberlos no hay que invocar las reglas del mercado (Rodrigo Rato, vicepresidente económico en el Gobierno del PP de José María Aznar, lo dijo en memorable comparencia en el Congreso de los Diputados: «es el mercado, amigo»), se hace imprescindible la intervención reguladora de las administraciones, la que se execra cuando el negocio no se halla concernido; entonces, sí, en tales supuestos el libre mercado se torna intocable, la competencia es sana. Se impone el corporativismo del que a lo largo de decenios hicieron gala los farmacéuticos: abrir farmacia era emular los trabajos de Hércules. De ninguna manera instalarse para competir con el colega. La libre competencia ignorada.
Algo semejante sucede con la vivienda más allá de las imprescindibles prohibiciones encaminadas a limitar el alquiler turístico, otro despropósito intervencionista para quienes se lucran con él, para los que hacen bandera de las desregularizaciones, ultraliberales que han sido trasplantados a la actualidad desde los salvajes inicios del siglo XX, cuando el sálvase el que pueda, que sobrevivan los más aptos, fue santo y seña del capitalismo. Acceder a la vivienda es hazaña al alcance de pocos, de quienes dejan sus nóminas en pagar alquileres imposibles. La iniciativa que anuncia el Gobierno, acogida con satisfacción por el Ayuntamiento de Palma, que declara que subirá el IBI a los propietarios de pisos vacíos, obtiene, antes de que tan siquiera el proyecto sea aprobado por el Consejo de ministros, remitido a las Cortes para su tramitación, el radical rechazo de las derechas: PP, Vox y los restos de Ciudadanos, que desde atentado a la propiedad privada a despropósito competencial han agotado el cupo de descalificaciones a su alcance. ¿Qué hacemos para satisfacer necesidad tan básica? Lo es poder hallar vivienda digna en condiciones asequibles para quienes perciben sueldos no muy por encima de los 1000 euros mensuales. Las grandes ciudades quedan fuera del alcance de innumerables nóminas. La receta es la de bajar impuestos, dejar que el mercado se cuide de ello. Lo que proponen en Madrid, dónde sino; lo anuncian: liberalizar suelo. Bajar impuestos. Otra desregularización ultraliberal. Olvidada queda la catástrofe que acarreó la decretada por José María Aznar, al compás de la establecida en Estados Unidos y algunos países europeos. El reventón de la burbuja inmobiliaria fue brutal.
Pablo Casado asegura ufano, seguro de sí mismo, que si trabajas y tienes nómina no toparás con problemas para alquilar una vivienda. Tan simple que no habíamos caído en ello.
