350 enmiendas en la Comisión del Congreso que debate la reforma de la Ley 12/2013 de 2 de agosto de la Cadena Alimentaria. Esto va de lo siguiente. Un agricultor recibe 0,10€ por un kg de patatas y el consumidor lo paga a 1,17€ de media. Una ganadera recibe 0,31€ por un litro de leche cuando le cuesta 0,37€ producirlo. Un supermercado vende el pollo entero a 1,59€ cuando el precio de salida de matadero más los costes de distribución suman 1,90€. ¡Una locura! Esta reforma debe establecer un marco legal que garantice el equilibrio entre productores, industria y distribuidores, legislando un reparto justo del valor que se genera, y protegiendo al productor como eslabón más débil.

El miércoles pasado se votaba el dictamen definitivo de la reforma de esta ley, pero se suspendió por la petición de diversos grupos parlamentarios que pedían más tiempo para continuar negociando. Esto es una buena señal. Hago un poco de historia. La ley en vigor fue un excelente paso del ministro Arias Cañete, pero su eficacia quedó muy limitada porque le faltó «audacia» con aspectos imprescindibles. En el año 2019, la Comisión Europea aprobó una Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, que es más exigente que nuestra propia ley. Como todas las directivas, debe trasponerse al ordenamiento jurídico y España inició el mecanismo para hacerlo. Pero recordarán que hace año y medio, vivimos un ciclo de movilizaciones agrarias sin precedentes bajo el lema de «Agricultores y Ganaderos al Límite». El principal reclamo era simplemente «precios justos». Las movilizaciones consiguieron el efecto, y finalmente hubo acuerdo entre las organizaciones agrarias y el ministro de Agricultura con una serie de medidas urgentes, entre las que estaba una reforma profunda de esta ley.

En el marco de un gobierno de coalición, la preparación del proyecto de ley y las discusiones previas y posteriores a su tramitación se presuponen intensas. El objetivo final de ambos socios de gobierno es compartido, pero como en tantas otras cuestiones, la determinación de Unidas Podemos ha sido clave para buscar la ambición reformadora que de otra manera no habría existido. Las Organizaciones Agrarias saben de todo el esfuerzo realizado por avanzar de forma conjunta y dialogada desde los distintos planteamientos que cada una tenían, para luego, sumar al resto de los actores necesarios.

El avance desde el primer borrador ha sido real, pero en este momento quedan cuatro puntos calientes, que son imprescindibles. La primera cuestión se refiere a una regulación clara de la prohibición de la «venta a pérdidas». Una práctica que consiste en ofrecer al consumidor productos a precios muy por debajo del mercado, destruyendo de esta manera el valor que se genera en los eslabones anteriores. La discrepancia en este punto basculó hacia la posición de Unidas Podemos, cuando el martes pasado, una carta conjunta firmada por ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, la Federación de Industrias Agroalimentarias, PROMARCA y la principal asociación de cadenas de supermercados, daban el visto bueno a regular este punto. Una segunda discrepancia está en la inclusión en la ley de indicadores de referencia de los costes de producción y de los precios. Se trata de que el Observatorio de la Cadena Alimentaria del Ministerio, en coordinación con los Observatorios que se han creado desde las Comunidades Autónomas, establezcan las referencias que sirvan de orientación general para firmar los contratos agroalimentarios. En tercer lugar está la incorporación a la ley de la figura del mediador, que intercedería en la negociación entre los productores y la industria en base al indicador de precios. Por último, un sistema de sanciones que deben ser disuasorios de las prácticas desleales. ¿Qué votara cada grupo? Esperemos que el sector lo recuerde porque, si la ley sale adelante como debe, daremos un paso de gigante en uno de los asuntos más complejos y determinantes.