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Antonio Papell

La renuncia al progreso

Se ha escrito bastante sobre la renuncia del nacionalismo catalán a la ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, porque la reconversión proyectada, que haría de él un gran hub internacional en el tráfico aéreo, afectaría a unos 500 metros lineales de pantanal privado protegido, La Ricarda, de un centenar de hectáreas. Es obvio que existe tecnología suficiente para trasladar esta zona sensible a otro lugar adyacente, o para proteger incluso el ecosistema actual, por lo que el asunto se plantea como un conflicto teórico entre el desarrollismo y el ecologismo. Los nacionalistas se pronuncian a favor de este, con la alcaldesa de Barcelona —de ambiguas y confusas convicciones ecologistas, nacionalistas, populistas e izquierdistas— al frente.

Esta renuncia, cuya envergadura se explicará más abajo, no debe extrañar demasiado en una comunidad que ha perdido varios miles de empresas desde el comienzo del procés en 2017. El centrista Carrizosa contabilizó un éxodo de 7.007 empresas, cifra veraz proporcionada por el Colegio de Registradores, aunque la cifra real es inferior porque en ese periodo han llegado a Cataluña desde otras comunidades 2.509 empresas, de forma que el saldo negativo es en realidad de ‘solo’ 4.498 compañías. Este abandono es terrorífico y debería haber sido asumido por los catalanes como la prueba de que el fundamentalismo de los sectores soberanistas es indiferente al bienestar y a la prosperidad.

Sea como sea, este vaciamiento empresarial es remediable, en muchos casos solo nominal, y la normalización política podría revertir el proceso a plazo no muy largo. Lo que constituiría una pérdida irreversible de una gran oportunidad sería la renuncia a ampliar a tiempo el Prat. Una renuncia cuyos efectos han sido analizados en el informe de la Universitat de Barcelona (UB) Impacto económico del aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona/El Prat, dirigido por los profesores Jordi Suriñach y Esther Vayà, que parte de datos constatados de 2018 y que ha sido resumido en la prensa por Xavier Vidal-Folch. Los datos esenciales son estos: durante le primera etapa posterior a la reconversión, a pleno rendimiento, la facturación crecería un 68,2%, hasta 56.660 millones de euros, e incrementaría su contribución al PIB catalán en dos puntos (del 6,8% al 8,9%) anuales, unos 5.000 millones. Además, el empleo directo crecería en 83.080 personas, y hasta 364.000 añadiéndole el indirecto. La recaudación de impuestos aeroportuarios en Cataluña subiría un 70,7%, y en el conjunto español, el 72%, hasta 12.901 millones de euros anuales.

Ante estas expectativas que pueden frustrarse, la oposición ecologista es sectaria y engarza con los movimientos cuasi religiosos que postulan el retorno del hombre a la naturaleza, y la renuncia no solo al progreso sino también a la ciencia y a la tecnología. Porque son la ciencia ya la tecnología los instrumentos que pueden conseguir conciliar el progreso con una protección razonable del medio ambiente. El término ‘razonable’ es indispensable porque la vida humana altera como es lógico la faz del medio en que habita, pero ello no ha de ser necesariamente negativo. El represar ríos para que los habitantes aledaños puedan beber y cultivar todo el año no tiene por qué resultar una tragedia ecológica si se actúa con mesura, con racionalidad, con esa inteligencia que nos caracteriza y que nos distingue de los demás residentes del planeta.

En un grado superior de desarrollo, extirpada la pobreza estructural, cabe que el crecimiento cualitativo prime sobre el cuantitativo, pero estamos en un mundo en que en los países desarrollados el 20% de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza, lo que indica que nos queda aún mucho camino hasta conseguir esa arcadia idílica que postula la misantropía ecologista.

Por esta razón, quienes quieren privar a Cataluña de una colosal fuente de riqueza, que lógicamente beneficiará a todo el Estado, son unos auténticos desaprensivos que han de ser desenmascarados. La Generalitat debe recapacitar y también el gobierno del Estado ha de persuadir a las instituciones catalanas de que nos estamos jugando el interés general.

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