Si hay algo que haya movilizado al campesinado a lo largo y ancho de este mundo, y a través de los siglos de historia, es la cuestión de la tierra. Pero como en todos los debates, el asunto de fondo y los retos en torno al acceso, tenencia, uso y control de la tierra cambian de acuerdo al tiempo y la realidad. El pasado viernes 10 de septiembre, desde la conselleria de Agricultura publicamos la «consulta previa a la elaboración de un decreto por el cual se establecen los principios generales de coordinación, organización y funcionamiento por los que deben regirse los Bancos de Tierras en el ámbito de las Illes Balears y se crea el Banco de Tierras de la isla de Mallorca». De esta manera damos cumplimiento a lo que dice el artículo 122 de la Ley Agraria, e iniciamos un debate social, político e interinstitucional en el que esperamos que el sector agrario y ganadero de las Illes Balears se involucre. El objetivo es obtener una norma adecuada a la realidad de Baleares y útil para la dinamización del sector.

A los incrédulos, pesimistas, pero también a los suspicaces con esta iniciativa les voy a tranquilizar. No es un debate ideologizado y ajeno. La Comisión Europea y los Ministerios de Agricultura de los 27 países miembros han decidido incluirlo entre los retos para la futura PAC. En este momento, en España y que yo tenga constancia, tenemos 68 bancos o fondos de tierra diferentes. Los hay autonómicos y de larga trayectoria como el «Banco de Terras» de Galicia; los hay comarcales y muy dinámicos como el de la Comarca del Bierzo; los hay locales como los que existen en la Comunidad Valenciana que luego se articulan bajo la forma de «Xarxa de Bancs de Terres de la Comunitat Valenciana». También los encontramos en otros países de nuestro enforno, como es el caso de «La SAFER» (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) en Francia. En nuestro entorno, ya existe la realidad del Banco de Tierras de Formentera, dinamizado entre la Cooperativa del Camp de la Isla y el Consell Insular, que desde mi punto de vista es un caso positivo.

El haber conocido muchos de ellos y el haberlos estudiado, me permite decir que el éxito de estas iniciativas depende de tres factores: en primer lugar, identificar bien los problemas que en cada caso tratamos de abordar; en segundo lugar, definir una respuesta ajustada a la idiosincrasia de cada realidad en lo referido a su estructura agraria, la estructura de la propiedad y la tradición, respecto a las fórmulas de tenencia y uso de la tierra. Finalmente, organizar una institución administrativa que asuma una función de mediación, y que dé seguridad y confianza a los propietarios y a los posibles interesados en usar la tierra para la producción agraria y ganadera.

El problema de fondo es la pérdida de la superficie agraria útil, que en Baleares representó el 21% en la última década. Esta pérdida de superficie tiene un doble origen: por un lado, el abandono de la actividad agraria a consecuencia de la falta de rentabilidad, y por el otro, el cambio de usos del suelo. La fuerte presión económica sobre la tierra derivada del valor que alcanza cuando se destina a otros sectores económicos explica que su precio haya subido entre 2001 y 2019 un 55%, mientras que la media de España está en 35,5%. Lo anterior, unido a unas instituciones jurídicas muy rígidas que sostienen el uso y la administración de las tierras agrarias, dificultan que el alquiler de las tierras sea una opción en Illes Balears frente a lo que sucede en el resto de España. Los principales perjudicados de todo ello son las y los jóvenes. Un 62% de las personas jóvenes que se instalan en el sector declaran que su principal problema ha sido el acceso a la tierra, y un 83% de las personas que quieren instalarse y no lo consiguen declaran que la razón ha sido la imposibilidad de acceder a tierra adecuada. Con todo ello el debate está servido. El máximo interés en este momento es el mayor nivel de participación posible. En este punto estamos.