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Antonio Papell

La regla de oro verde

Este pasado fin de semana se han reunido los ministros de Economía de los 27, encuentro precedido por el de los ministros del Eurogrupo que forman los 19 países que comparten moneda. Y las reuniones, aunque muy técnicas, han abordado asuntos de gran interés relacionados con la pospandemia. En concreto, ya es conocido que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue suspendido (mediante una Cláusula General de Escape) al asomar la crisis sanitaria para que los países pudieran manejar la deuda y el déficit conforme reclamaban las condiciones excepcionales que vivíamos. Pero ahora, sin prisas, es momento de comenzar a abordar la pospandemia, la vuelta a la normalidad, a la sostenibilidad. Y aunque se da por hecho que las condiciones actuales —esa especie de barra libre— no cambiarán al menos hasta 2023, los países del Norte no dejan de llamar la atención sobre lo acentuado de los desequilibrios acumulados, y los ocho ‘halcones — además de Austria y Holanda, los nórdicos (Suecia, Dinamarca y Finlandia) y varios socios del Este (Letonia, Eslovaquia y la República Checa)— han presentado un documento en el que fijan su posición ante la evidencia de que la deuda pública de la UE ha pasado del 79% en 2019 al 94% en 2021 (el déficit, por su parte, ha pasado del 0,5% al 7,5%); el umbral del 90% es sagrado para los más ortodoxos.

La vuelta a la normalidad pasa por el levantamiento de la mencionada Cláusula General de Escape, que, como se ha dicho, no llegará al menos hasta 2023, y por la revisión de las cláusulas fiscales, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya inflexibilidad produjo grandes daños y víctimas en la primera crisis del siglo.

La reforma del Pacto, de la que ya se hablaba intensamente antes de la pandemia, debe mantener la inexorable disciplina fiscal, que sostiene la estabilidad de la moneda única, pero ha de ser lo suficientemente flexible para que la política monetaria pueda ser una útil herramienta de política económica.

Lo que sucede es que el cambio de postulados tras la recuperación de la pandemia podría desencadenar una recesión. La OCDE ha sido bien explícita en el informe Estudio económico de la UE y la eurozona publicado el viernes pasado, en el que alerta de que los países no deben plantearse todavía retirar los estímulos económicos a empresas y familias porque ello podría traer consecuencias negativas a nivel económico y fiscal. Y pone el ejemplo de los países que tras la pandemia alcanzan una deuda cercana al 130% del PIB (España está en el 122%): si se aplicaran las reglas fiscales actuales, sería necesario que se redujera esta ratio en 3,5 puntos al año, lo que obligaría a un gran esfuerzo de consolidación fiscal que podría llevar al país a otra recesión.

Se adivinaba una pugna sobre el particular entre las dos alas mencionadas de la UE, que se habría plasmado en una propuesta examinada en Eslovenia, peor una vez más ha asomado la audacia en el seno de la Comisión: el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha anunciado una encuesta para examinar esta cuestión y ha distribuido entre los asistentes un documento del instituto de pensamiento Bruegel, «Un pacto fiscal verde: inversión climática en tiempos de consolidación presupuestaria’. En él, Zsolt Darvas y Guntram Wolff piden algo más que un aterrizaje suave tras los estímulos del coronavirus: «Un ritmo de consolidación fiscal demasiado rápido, como el aplicado tras la crisis financiera mundial de 2007 y la posterior crisis del euro», argumentan, podría «desencadenar una nueva recesión, por lo que debe evitarse». Y para ello, reclaman que los líderes políticos aumenten «de forma significativa» el gasto «orientado al futuro, como las inversiones en mitigación y adaptación al clima». Es decir, aquellas dirigidas a cumplir con los ambiciosos objetivos europeos de reducir el 55% de las emisiones de CO2 en 2030 y de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y recomiendan introducir una «regla de oro verde». Esto es: un mecanismo «que excluya la inversión pública verde neta del cálculo del déficit y de la deuda». No en vano Nadia Calviño ya había recomendado a poco de llegar a Eslovenia «adecuar» las normas fiscales «a las necesidades de inversión derivadas de una recuperación verde y digital».

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