Las manifestaciones catalanas del Onze de Setembre, que han reunido a un número apreciable de independentista —100.000, según la policía municipal, muy lejos de los máximos históricos— han sido mucho menos concurridas que en los últimos años y han constatado el cansancio social que ya se conocía ante unas reivindicaciones que ya han fracasado, que no se pueden replantear mientras dure el actual ciclo político —varios lustros— y que están arrastrando a Cataluña en general y a Barcelona en particular hacia una indigencia clamorosa, que encuentra su contrahechura en un Madrid pletórico, locomotora del conjunto, que ya se ha puesto al frente del desarrollo y el progreso en el Estado.
Las manifestaciones se han producido horas después de que fracasase la inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto del Prat, que se pretendía transformar en un hub internacional, a costa de sacrificar parcialmente una zona natural protegida (había modos de salvarla), porque AENA no ha encontrado el consenso que se requiere en una obra de esta naturaleza. Lo grave del caso es que tras este fracaso de un proyecto que podía al menos detener el declive de Cataluña se encuentra la hostilidad solapada que se profesan entre sí el independentismo progresista de ERC y el independentismo reaccionario de Junts. Como ha destacado Juliana, asoma por primera vez en Cataluña el concepto de decrecimiento, es decir, de detener por razones ideológicas –de ecologismo radical- el crecimiento económico para proteger el medio ambiente y alejar los efectos que producen las nuevas tecnologías, el desarrollo, la masificación de la producción y del consumo. El objetivo de las naciones ya no sería la mejora continua ni la felicidad creciente de los ciudadanos, como en todo el periodo histórico, sino el estancamiento, que nos aseguraría la sostenibilidad. Se trata de un extremismo utópico y sectario que ni siquiera los propios ecologistas integrados en el sistema se atreven a enunciar.
Es lógico que los empresarios hayan saltado indignados contra la renuncia a una inversión tan sustanciosa que flexibilizaría el sistema de transportes catalán y proporcionaría infraestructuras capaces de facilitar y acelerar el desarrollo. Significativamente, también los sindicatos han puesto el grito en el cielo ante esta renuncia inconcebible a una inversión estatal en infraestructuras. Y es de suponer que una parte, la más racional, del soberanismo está francamente inquieta al ver que personas como Junqueras, que hoy mantienen una posición moderada y cuyo currículum puede exhibir el sacrificio de varios años de cárcel, es acusado de traidor y abucheado por mantener una posición más o menos realista, que huye de una nueva algarada referendaria. Entre otras razones porque el soberanismo catalán ha pedido crédito y prestigio en Europa, sobre todo después de que se supiera que esbirros del iluminado Puigdemont acudieron ante Putin para pedir ayuda rusa a la independencia de Cataluña. El asunto es mucho más cómico que trágico, pero estas equivocaciones pueriles pueden desmantelar definitivamente una causa que ya no entusiasmaba precisamente a la comunidad internacional.
Esta semana debe tener lugar la mesa de diálogo, que viene precedida por este 11-S en que Aragonés, temeroso sin duda de ser cabeza de turco de la desafección de Junts, ha vuelto a insistir en que los temas centrales del diálogo serán el referéndum de autodeterminación y la amnistía. Es obvio que si se limitara el temario a semejante repertorio, el encuentro duraría apenas nos minutos, por lo que tendría sentido celebrarlo siquiera si el ánimo real de los convocados es el que manifiestan en público con anticipación. Parece sin embargo evidente que ERC tendrá que tomar decisiones rotundas si pretende conservar su capacidad de decisión, avanzar en un diálogo constructivo con el Estado, participar en las elaboración de los decisivos presupuestos generales de 2022 en los que está en juego la reconstrucción y, en definitiva, ponerse al frente de las clases medias catalanas, que probablemente ya se inclinen más hacia una solución negociada del conflicto que a una prórroga ilimitada de la tensión, la deslealtad y la confrontación.
