El Govern ha dado esta semana un impulso, que se vislumbra sustancial, a los fondos europeos destinados a sacar del atolladero a las empresas castigadas por los efectos de la pandemia y, en consecuencia, al conjunto de la economía de Balears.

El jueves pasado se autorizó el pago de 334 millones de euros a 4.700 negocios con menos de 10 trabajadores y está previsto que el martes se aprueben las ayudas a quienes, con plantilla mayor, han tramitado solicitudes de menos de 500.000 mil euros. El resto de pequeñas y medianas empresas y las grandes corporaciones deberán esperar a fin de mes, pero en estos momentos las propias patronales ya dan por hecho que al concluir septiembre se habrá distribuido el total de 855 millones concedidos para ayudas directas.

La incertidumbre y las dudas iniciales se han disipado. Los fondos europeos canalizados por el Gobierno de Madrid, pero gestionados de forma directa por el Govern, han tenido el buen tacto de atender primero a quienes cuentan con menor margen de maniobra, a las empresas pequeñas, pero al mismo tiempo han procurado no desatender a nadie. Para poder satisfacer a la demanda real se han ido corrigiendo sobre la marcha las medidas y requisitos necesarios útiles para canalizar de forma adecuada la sustancial inyección económica procedente de Europa. De este modo, Balears se convierte en la primera comunidad española que ha sido capaz de distribuir las ayudas y, además, lo hará sin tener que devolver a su origen ninguna de las partidas asignadas.

En estas condiciones no resulta extraño que los portavoces de los beneficiarios, nada proclives en general a mostrar su afinidad con la Administración, en este caso no hayan tenido reparo alguno en exhibir su conformidad. La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, y el vicepresidente de PIMEM, Rafael Matas, han exteriorizado su satisfacción por la forma y rapidez en que se han distribuido las ayudas. También lo ha hecho, entre otros, el gerente de la asociación de panaderías y pastelerías, Josep Magraner.

En esta oportunidad se ha tenido el buen tino de respaldar de forma directa al sector productivo y de hacerlo atendiendo a la cobertura social. Es una gran diferencia en relación a lo ocurrido con la crisis de 2008 cuando se reaccionó auxiliando solo a las corporaciones financieras y procurando alivio a las empresas dándoles medios para abaratar el despido.

En contra de lo acostumbrado cuando se trata de dotación económica por vía estatal, Balears ha sido en este caso la comunidad que más ha recibido por habitante. Si tenemos en cuenta que ello ocurre al final de una temporada turística que sí ha existido a pesar de haber estado mucho tiempo en la cuerda floja, debemos entender que estamos en un momento clave para impulsar a las empresas y la economía de las islas.

Es verdad que este oxígeno financiero también produce un gran endeudamiento, pero no es menos cierto que una de las finalidades de la financiación pública es la de impulsar la economía privada cuando ésta se halla deprimida. Ahora solo cabe apelar al sentido de la responsabilidad de todos, principalmente de los receptores de las ayudas. Servirán para pagar deudas y desperezar la producción. Deben hacerlo cumpliendo con el fin social y la reactivación de salarios capaz de crear un efecto dominó en toda la economía.