Estamos a punto de arrancar, con los presupuestos generales del Estado 2022 como plataforma de salida, la gran reconstrucción tras la pandemia, la remontada que Europa, en una decisión sin precedentes, va a financiar con generosidad, sin los corsés monetaristas que hubo que aceptar en la anterior recesión, que devastaron a las clases medidas y ahondaron la desigualdad social de este país hasta extremos inauditos que no se han revertido todavía completamente.
Quiere decirse que se han generado fuertes y altas expectativas. Y, de momento, los objetivos marcados —digitalización, descarbonización, formación— suenan bien a los oídos de todos pero sin duda tales designios, algunos realmente innovadores, están muy lejos de las necesidades perentorias de un gran sector de ciudadanos cuya principal preocupación es instalarse en la vida mediante un puesto de trabajo digno, llegar a fin de mes y mantener unas leves ilusiones profesionales, adquirir una vivienda, prosperar…
Así las cosas, la conducción de este proceso que se avecina debe hacerse con extrema delicadeza. Porque quienes lo conduzcan, que deberán plantear y ejecutar las grandes inversiones, las reformas más arduas, las iniciativas más audaces, los logros tecnológicos más llamativos, no deberán dejar de ver en todo momento, con el rabillo del ojo, el estado general de la sociedad. Porque sería desolador y generaría una extraordinaria e irresoluble decepción que, mientas se alardea de unos resultados macroeconómicos asombrosos, la ciudadanía en general no notara apenas mejora alguna, no sintiera que este progreso conseguido va también con ella y representa una elevación significativa de sus condiciones de vida.
La situación de desigualdad de España es gravísima, lo que nos sitúa en un lugar deshonroso en el seno de la Unión Europea. Uno de los indicadores para medir ese parámetro es el llamado riesgo de pobreza, que corren aquellas personas que viven en hogares cuya renta es inferior al 60% de la mediana de la renta de su país o territorio de que se trate; ese 60% de la mediana es el «Umbral de pobreza». Pues bien: España finalizó 2020 con una tasa de riesgo de pobreza del 21% de la población (equivalente a 9.829.000 personas), lo que supone que se ha incrementado 0,3 puntos respecto a 2019. En las últimas décadas, sólo en 2007 y 2008 España bajó del 20%.
El otro indicador significativo es el de la pobreza severa, sistematizado en el informe anual de desigualdad que elabora Intermon Oxfam, que considera que están en esta situación quienes viven con menos de 16 euros al día. En el último informe que se presentó en Davos este año, la situación era esta: «Casi 800.000 personas en España podrían caer en la pobreza severa por el impacto del coronavirus, hasta alcanzar la cifra de 5,1 millones en nuestro país. En el mundo serían más de 200 millones de personas. El virus se ha cebado con los más vulnerables, y han sido las mujeres, los jóvenes, las personas racializadas o los migrantes los que han sufrido el impacto más fuerte».
Estos indicadores son subjetivos, pero la serie histórica permite observar la marcha de un país en el terreno de la igualdad, que no pretende ni de lejos el ideal comunista utópico (es obvio) sino hacer soportables las inevitables diferencias sociales. De una parte, es preciso construir una sociedad en que los jóvenes se integren de forma natural y a edades tempranas, y, de otra parte, es preciso edificar y sostener un sistema de previsión que garantice que nadie descenderá por debajo de determinado umbral. La renta mínima de inserción es un logro incuestionable que evita que la gente se muera de hambre pare no puede ser el instrumento definitivo de la igualación necesaria. Todo ello contemplado con la perspectiva de que la automatización generará en el futuro cercano nuevos problemas de empleo
Ningún ultraliberal debería decir nunca más que la mejor política social es la creación de puestos de trabajo. La mejor política social es la que menores porcentajes de personas en riesgo de pobreza genera. La salud de las capas más bajas da la medida de la salud social de toda la sociedad.
