El 1 de junio cambió el sistema tarifario de la energía eléctrica y llevamos varias semanas escalando máximos en su precio. Nada se ha dicho en todo este tiempo sobre su impacto en el sector primario. Como si no necesitara luz o como si no tuvieran contadores. La cuestión energética es un aspecto central para cualquier sector económico y en la Consellería de Agricultura ya contamos con un primer informe que marca un camino que recorrer.
Las facturas tras el cambio de tarifa confirman un incremento entre el 10 y el 30%, que llega al 40% en el caso del regadío. Una granja lechera soporta una factura eléctrica de 600 a 900€/mes dependiendo las instalaciones. Imaginen solo la sala de ordeño o los tanques de frío todo el día funcionando. Una explotación de ovino que tenga extractores de amoniaco o un sinfín para la alimentación tendrá una factura de cerca de 400€/mes. Una explotación con 30 ha de regadío puede tener un coste eléctrico al año de 27.000€.
Con los últimos datos prepandémicos del año 2018, el consumo energético final del sector primario de las Illes Balears supone un 4,7% del total. Mallorca representa el 75% del consumo, mientras que curiosamente Menorca, solo el 6% del total. Traducido al bolsillo de las explotaciones, el sector pagó en 2018 por toda la energía que consumió 21,7 millones de euros, de los cuales, 12,8 millones se corresponden con el gasto eléctrico, lo que supone el 12,6% de todos los costes intermedios.
El problema del sector primario con la nueva tarifa es que no puede ajustar ni la parte fija ni la variable. Se ordeña cuando se ordeña y se riega cuando toca. El coste eléctrico para regar está entre 0,08€/m3 y 0,142€/m3 de media y tras el cambio de tarifa ha subido un 40%. La paradoja es que a medida que se moderniza el regadío y se ahorra agua, la dependencia y el coste energético se incrementa en muchos casos. Para todo el regadío, sea la patata o el sector hortofrutícola, el cambio tarifario es criminal. No solo está la dificultad para ajustar el consumo a los distintos periodos, sino que la modificación de los altos cargos por exceso de potencia obligará a las explotaciones a contratar más potencia de la que habitualmente necesitan. Nuestra estrategia en el regadío implica tres actuaciones: en el medio-largo plazo, aumentar la cantidad de agua regenerada disponible para riego disminuyendo la de pozo; en el corto o medio plazo, incorporar las energías renovables a los sistemas de regadío con fórmulas de autoconsumo impulsadas tanto por agricultores o empresas a título individual, como colectivas a través de cooperativas o comunidades de regantes. Pero en el cortísimo plazo, conseguir que el MITECO regule la «doble tarifa» para el regadío, con la posibilidad de tener diferentes potencias contratadas, según las necesidades del riego de cada época del año. Se trata de una demanda histórica que ya apoyamos en el Congreso, al menos que yo recuerde con dos PNLs. La medida ya se ha publicado dos veces en el BOE, la última en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero en ninguno de los casos se ha llegado a reglamentar.
Pero sin duda alguna, la eficiencia y el ahorro energético para todo el sector, vendrá de la mano de la incorporación de las energías renovables bajo la forma de autoconsumo individual o colectivo. El punto de partida en Baleares es malo. De toda la energía consumida por el sector, apenas el 2% es renovable, lo que nos sitúa muy lejos del 17% de la media nacional. Hasta ahora, las acciones han sido muy tímidas y solo interveníamos a través de dos medidas de apoyo del Programa de Desarrollo Rural: la 4.1 de inversiones en explotaciones agrarias y la 4.2 de apoyo a industrias agroalimentarias. El objetivo pasará a ser estratégico en la próxima PAC y mientras tanto, y además de las actuaciones que con carácter general se acuerden, es necesario que el sector aborde este tema como prioritario, y aproveche todas las oportunidades que se ponen en marcha en esta línea.
