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Ramón Aguiló

Escrito sin red |El rescate de okupas

Informaba Diario de Mallorca, hace unos días, del rescate por la policía municipal de Palma y de los bomberos de una mujer y su hija, que habían ocupado una vivienda en la calle Picos de Europa de Son Gotleu el pasado domingo. Al parecer habían accedido a la vivienda, un segundo piso, por el balcón, con la ayuda de algunos vecinos, convirtiéndola en su hogar. La puerta de la casa había sido tapiada por su propietario, precisamente para evitar la ocupación. El problema apareció el lunes cuando, al no poder salir por la puerta y no atreverse a descolgarse por el balcón, la mujer pidió ayuda a los servicios de emergencia. Tras presentarse la policía municipal, se requirió la presencia de los bomberos que, con una autoescala procedieron a la evacuación de los ocupas. Nada nos ha sido informado de los acontecimientos posteriores, es decir, si volvieron los okupas a escalar hasta el balcón y entrar de nuevo en la vivienda; o si policía y bomberos prestan servicio, se supone que gratuito, en cada operación de salida o de entrada; o si se ha desmontado el tapiado de la puerta para facilitar tan complicada forma de acceso y salida de la vivienda. Tampoco se nos ha informado (debería hacerlo el ayuntamiento de Palma) si se han pasado al cobro las tasas por el servicio (o servicios) realizado a los ciudadanos okupas. Por muy surrealista que pueda parecer la historia, la administración municipal habría cumplido su deber con la evacuación. Pero, de continuar con la ocupación, sea recurriendo a la escalada nuevamente o desmontando el tapiado, sería motivo para cuestionar al ayuntamiento, pues podría acusársele de colaboración en la comisión de un delito.

Proudhon afirmó en 1840 que la propiedad privada es un robo. Compartieron esa idea anarquistas como Bakunin y Kropotkin. Todos ellos disputaron con Karl Marx, que como se sabe, defendía la propiedad pública de los medios de producción. Otros pensadores, como Hegel, afirmaban que la propiedad no sólo no era un robo, sino que era la condición sine qua non para poder acceder a la libertad. Más allá de una disputa filosófica, lo cierto es que, en las democracias liberales, como se supone que es el caso de España, la función social del derecho a la propiedad delimita su contenido, de acuerdo con las leyes, como afirman, los apartados 1 y 2 del artículo 33 de la Constitución Española. El apartado 3 de ese mismo artículo añade que nadie podrá ser privado de sus bienes sin indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Existen otros artículos en la C.E. que tratan la cuestión de la vivienda, como el artículo 47, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que a veces se utiliza para justificar la ocupación. Unidas Podemos, formación que comparte el gobierno de España con el PSOE, se ha destacado por impedir la reforma de la legislación que acabe con un fenómeno como la ocupación. Impedimento asumido por el gobierno del PSOE.

La ocupación de casas afecta a entidades bancarias que, con el impago hipotecario, se han hecho con su propiedad; a promotoras de viviendas, que las han visto ocupadas antes de poder venderlas; a grandes tenedores y a pequeños propietarios; a propietarios extranjeros que sólo usan sus viviendas en una época del año; y a gente modesta cuya vivienda ha sido ocupada por ausencia temporal. Lo cierto es que, en la mayoría de casos, excepto en el caso de los bancos, en el que las viviendas están en proceso de venta, la ocupación, con algunas excepciones más, afecta a gentes modestas, pues las propiedades de los poderosos están protegidas por alarmas y personal de seguridad; a ésas no hay Dios que las ocupe. Es increíble que el gobierno no promueva una legislación que acabe con ese fenómeno que amarga la existencia de mucha gente, introduce inseguridad jurídica en las personas, causa un perjuicio injusto (en muchos casos se tardan hasta dos años en recuperar la propiedad) y degradan la imagen internacional de España como una democracia donde se respeta la ley. Es verdad que el artículo 47 de la C.E. dice que todos tenemos derecho a vivienda digna y adecuada. Pero en ninguna parte dice que serán los titulares de las propiedades privadas los que deberán asegurar ese derecho a los que no las tienen. Es al revés. Es el artículo 39 de la misma C.E. el que afirma que son los poderes públicos los que aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Ni bancos, ni grandes, ni pequeños propietarios, es el Estado el que debe proveer de vivienda adecuada a los que la necesitan. Lo que estamos experimentando desde hace tiempo es precisamente lo contrario: que el Estado, gobierno central y gobiernos autónomos, incapaces de asegurar a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, abdican de sus responsabilidades constitucionales y hacen pagar a muchos de sus ciudadanos el coste de tal derecho. Eso sí, incumpliendo la obligación de indemnizarles contemplada en el artículo 33 de la C.E.

El asunto se complica mucho más cuando los protagonistas no son ya familias necesitadas sino auténticas mafias de la ocupación que hacen negocio con alquileres ilegales. En muchos casos la ocupación no es más que el instrumento para extorsionar al propietario que, para recuperar su casa, ante el desamparo del Estado no tiene más alternativa que pagar. El Estado debería garantizar la seguridad. Como no lo hace, es el propio Estado el que provoca la proliferación de las empresas antiokupas o las empresas de seguridad con el correspondiente coste para los particulares. Pasa como con el Sistema Nacional de Salud, el mejor del mundo según los políticos. Nada más falso. El sistema se mantiene porque desde la clase media hasta los trabajadores cualificados suscriben seguros de salud privados para protegerse de las demoras, especialmente en las especialidades médicas; sin esos seguros privados el Sistema Nacional de Salud colapsaría. En fin, el esperpento continúa porque el gobierno (antes el PP del Rajoy, ahora el PSOE de Sánchez y UP de Belarra) hace dejación de sus deberes constitucionales y deja a los ciudadanos solos e inermes ante el peligro.

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