Un centímetro de profundidad de suelo fértil tarda en generarse hasta 5.000 años a través de lentos procesos biofísicos y bioquímicos. Ya se imaginan que cuanto más profundo sea un suelo, mayor calidad tiene. Para el sellado de una hectárea de este suelo apenas necesitamos unos días. El último dato que he podido recoger indicaba que la superficie artificial en las Islas Baleares avanzaba sobre el suelo rústico a un ritmo aproximado de 0,75 ha/día y a pesar de lo impactante del dato el ritmo ha disminuido desde el año 2011.

Existe consenso científico para decir que después de los océanos, los suelos son el segundo mayor sumidero de carbono natural, sobrepasando la capacidad de los bosques para capturar CO2 del aire. Pero esta capacidad de secuestro de carbono tiene directamente que ver con su fertilidad o calidad edafológica. La funcionalidad de estos suelos fértiles depende de sus características pero, en una alta proporción, está en la actividad agraria, el pastoreo, y en general, en la producción de alimentos. Por ello, la preservación de los suelos fértiles de mayor valor ecológico, edafológico y agrario es un principio general de cualquier política agraria moderna, teniendo siempre en cuenta cual es su función prioritaria y ninguna otra administración debería poner en duda este principio.

He buscado en mis archivos de la XII legislatura del Congreso de los Diputados. El 22 de febrero de 2019, y con número de registro 122/000321, se presentó por parte del Grupo Confederal Unidas Podemos, la Proposición de Ley de Protección de los Suelos de Alto Valor Agrológico y Otros Suelos de Interés Agrario. La propuesta tuvo su maternidad indudable en la «Red Intervegas», articulación que aglutina a numerosas organizaciones, investigadores, académicos o comunicadores y naturalistas de la talla de Joaquín Araujo. El texto lo trabajamos conjuntamente, y les aseguro que desde el primer momento, tratamos de que fuera presentada de común acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. De hecho, nos empeñamos incluso en que el entonces presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado popular J.I. Llorens, fuera quien la liderase. Pero la ley ponía el dedo en la llaga en situaciones tan resbaladizas como el futuro de la huerta de Valencia, la huerta de Murcia, Zaragoza, las vegas de Granada y Valladolid o el Pla de San Jordi, lo que hizo imposible el consenso. Finalmente nos quedamos solos junto a Compromís y ERC, y con un tímido apoyo del PSOE.

En ese mismo tiempo, varios Parlamentos Autonómicos aprobaron resoluciones instando a la protección de estos suelos y algunas Comunidades como Madrid, la Comunidad Valenciana o Andalucía iniciaron su caracterización. En este contexto se aprueba a principios de 2019 la Ley Agraria de las Illes Balears. Nuestra ley dio un salto político cualitativo. El artículo 103 reconoce las zonas de alto valor agrario. Establecer la necesidad de identificarlas y, que en consenso con el sector agrario, se defina la mejor manera de mantener su valor productivo y hacer viable la actividad. La ley dio un plazo de dos años para que los Consells Insulars delimitasen estas zonas, plazo que finalizó el pasado 12 de marzo. Siendo conscientes de la importancia del tema, desde la Consellería, con mucho respeto, se han seguido dando los pasos adecuados. Lo importante era identificar estas zonas de alto valor agrario y hacerlo con criterios edafológicos y agronómicos, y no de otro tipo. Durante el año 2020 se elaboró un estudio junto a la UIB y la Fundación Universidad Empresa que clasifica los suelos en seis niveles, en función de diez parámetros. El siguiente paso ya está previsto y se trata de trasladar estos datos a una cartografía, de manera que tendremos los mapas detallados con la calidad de todos nuestros suelos. Todo este esfuerzo no solo permitirá tomar decisiones de diverso tipo apoyadas en criterios técnicos, sino que la información será accesible en un esfuerzo constante de apoyar el futuro del sector.