El reciente fallo del Tribunal Supremo sobre el procedimiento de competencia de proyectos para la concesión de la zona que ocupa el Club Náutico de Ibiza, que determina que la Autoridad Portuaria de Baleares debió convocar un concurso público, incide en lo que venimos denunciando desde el Club de Vela del Port d’Andratx y la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, hace ya año y medio, respecto a la ocupación del Moll Vell de Palma por parte de la empresa Servicios Técnicos Portuarios (STP) del grupo Riutord: «No se podrán otorgar concesiones o autorizaciones en áreas asignadas a usos no compatibles con su objeto concesional, de acuerdo con lo establecido en la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios que se encuentren en vigor».

Como ya hemos explicado, la actividad de dicha empresa vulnera el actual Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP) por tratarse de espacios reservados en exclusiva a actividades comerciales, como el atraque de los barcos de pasaje y carga de línea regular y a la manipulación y depósito de las mercancías, pero no a la reparación y mantenimiento de embarcaciones de recreo como ahora se utiliza, con el consiguiente impacto visual sobre la explanada frente a la Catedral.

Para mayor desatino, hace tiempo que dicha empresa, STP, disfruta de autorizaciones para ocupar zonas más allá de su espacio concesional, zonas que, por cierto, ahora pretenden incorporar a la concesión. Lejos de evitarlo, la Autoridad Portuaria acerca el ascua a la sardina de STP tramitando una nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), proyecto contra el que hemos alegado, como no podía ser de otra manera, desde el Club de Vela del Puerto de Andratx. La finalidad de este disparate es destinar los históricos Muelles Comerciales del corazón de Palma a la reparación de grandes yates y alejar lo más posible, hasta el Dique del Oeste, los barcos de línea regular de pasajeros (mallorquines y turistas) y mercancías.

Las irregularidades del varadero de STP se vienen reproduciendo con impunidad en otras concesiones del grupo de empresas de Riutord, como en Marina Ibiza, explotando edificios totalmente ilegales y donde campa a sus anchas en el dominio público con un trato diferenciado y privilegiado. Son solo algunas evidencias bochornosas de ese trato de favor de la Autoridad Portuaria sobre el grupo citado.

Con el desconocimiento de la ciudadanía y las asociaciones proteccionistas, la APB mantiene silencio ante las críticas sobre el proyecto de legalizar los muelles comerciales del puerto de Palma como un gran polígono industrial, lo que significa que en vez de recuperar el Moll de la Riba, un lugar neurálgico para los palmesanos, y de integrar el puerto en la ciudad, se va a transformar el histórico Moll Vell en un mar de carpas de plástico con alturas de 50 metros sobre yates de más de 100 metros de eslora, nuevos edificios, aparcamientos, viales y suciedad. En este aspecto, tampoco deja de llamar la atención el mutismo del Ayuntamiento de Palma, miembro del Consejo de Administración de la APB.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Francesc Antich, ahora máximo responsable de la impunidad del grupo Riutord, se prodiga en opinar sobre la defensa de los puertos verdes, obviando que el mejor puerto verde es el que cumple la ley. Si es sincera su voluntad medioambiental debería empezar por limpiar de ilegalidades la casa que dirige -que es de todos- introduciendo en su gestión transparencia, concurrencia, pluralidad y sentido común.

El proyecto necesario debería ser el de un puerto asequible a los ciudadanos, que permita el acceso directo al mar, que podamos embarcar en plena ciudad, un puerto público y no privatizado, limpio y agradable, que conserve los pocos elementos históricos que le quedan. El de Palma se trata, señor Antich, de un puerto de interés general, hágale honor a su nombre y no lo destine a intereses particulares.