Manuel Buitrago explicó en una crónica de octubre de 2019 en La Verdad el origen del desastre actual del Mar Menor. «Le costó catorce años, pero al final el Partido Popular consiguió tumbar la ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor que aprobó en 1987 el Gobierno socialista de Carlos Collado Mena. Fue una norma vanguardista para su época que desarrolló el equipo del entonces consejero de Obras Públicas José Salvador Fuentes Zorita, y que nada más nacer fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el exministro Federico Trillo y 55 diputados del PP. Como telón de fondo estaban las pérdidas que podían sufrir los insaciables promotores de la zona y la industria del hormigonado en general».
Federico Trillo, hombre influyente ante la magistratura, perdió estrepitosamente el recurso ante el Constitucional a través de una sentencia esclarecedora que justificaba la protección pero —sigue explicando Buitrago— «en el año 2001, el Gobierno de Valcárcel le dio el tiro de gracia a aquella norma proteccionista de la laguna que tanto molestaba al PP y sus extremidades. La eliminó de un plumazo, enterrándola bajo la ley regional del Suelo, nunca más a propósito, y con un epitafio de una línea. No merecía más una ley tan incordiante».
Aquella ley —explica Buitrago— «se anticipó de una forma tan acertada a los problemas que rodean la laguna que justamente su ausencia ha contribuido al actual desastre medioambiental. De hecho, las medidas de protección y armonización de los usos que recogía aquella ley socialista tienen ahora su calco —32 años después— en el plan de ‘vertido cero’ del Ministerio y en el plan de gestión que aprobó el Gobierno regional la semana pasada (recuérdese que Buitrago escribe en 2019). Nada nuevo bajo el sol, salvo el moribundo Mar Menor».
La ley autonómica de 1987 establecía que el Mar Menor era una de las zonas «más necesitadas de protección debido al proceso de transformación de las estructuras socioeconómicas y del modelo de desarrollo al que se ha visto sometido en las últimas décadas». Aludía a los «impactos y degradaciones que sufría el medio físico-natural» y proponía una «correcta ordenación» de los usos, a través de cuatro instrumentos de planeamiento (las directrices de ordenación, y los planes de saneamiento, armonización y protección). Proponía asimismo un régimen jurídico especial para salvaguardar los ecosistemas del Mar Menor y los espacios circundantes en razón de su interés ecológico, científico, cultural, recreativo y socioeconómico; así como la «reconducción del planeamiento urbanístico como vía idónea para lograr el desarrollo general y urbano del área hacia esquemas compatibles con una adecuada calidad ambiental». La ley daba incluso al Gobierno regional la potestad de suspender licencias de parcelación de terrenos y edificación. Igualmente, establecía un control sistemático de los vertidos, y también medidas para impedir la contaminación de la laguna por los vertidos procedentes de los usos agrícolas, ganaderos y mineros. Como añadido, regulaba la instalación y conservación de los balnearios tradicionales. (¿Cuántos quedan?) Lo mismo que ahora quiere hacer el plan de gestión recién aprobado”.
El Mar Menor está en las últimas —será difícil evitar su defunción definitiva— «porque, con el trasvase Tajo Segura, se sobrecargó la capacidad agraria productiva de aquella zona, el Campo de Cartagena, y se produjo un desarrollo exponencial de la agricultura de regadío intensiva e industrial, basada en agrotóxicos, y su consiguiente contaminación de las aguas». Ello supuso la sobreexplotación de los acuíferos y el uso de cantidades inasimilables de abonos e insecticidas que destruyeron el ecosistema de la laguna. Un fraude generalizado ha hecho posible este abuso, que las autoridades políticas han tolerado para cuidar sus canteras de votos. Y la llegada de las desaladoras ha intensificado todavía más la explotación agrícola, hasta más allá del punto de saturación.
En este momento, PP y PSOE, que se disputan la paternidad del desastre, parecen haberse puesto de acuerdo en la necesidad de hallar una solución. La reunión amistosa entre Ribera y López Miras es esperanzadora. Aunque VOX, con su proverbial y malsano oportunismo, se alinee con los agricultores que no quieren que cambie la situación. Los ciudadanos de Murcia tienen ahora la palabra.
