Negacionistas, conspiranoicos e hipocondríacos. Balears ha alcanzado esta semana el 70% de la población mayor de doce años con la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, pero una parte del 30% restante ha decidido libremente rechazar el fármaco. Y lo ha hecho pese a las evidencias científicas de que la vacuna protege; conociendo también que el 80% de los ingresados en las UCI de las islas durante la quinta ola no estaban inoculados, y enfrentándose, en definitiva, a su desprotección frente al virus y al vacío y la censura que siente a su alrededor cualquier persona cuando su opinión y convicciones se sitúan en contra de la corriente dominante, la espiral del silencio del rechazo. Pero la ciencia no avanza con opiniones ni conjeturas cazadas en Youtube, sino con evidencias. Las garantías absolutas tardan en llegar. Pero los resultados, los primeros resultados de la vacuna, son incontestables, para quien los quiera ver, claro. Y están al alcance de todos, en las plantas covid de los hospitales, en las UCI y también en nuestras residencias de ancianos. Quien libremente ha tomado una decisión que afecta y compromete a su salud personal y a la de toda la sociedad en la que vive, incluidos sus seres queridos, debe estar también muy dispuesto a asumir las consecuencias. Y las que se avecinan para los que han rechazado la vacunación son poco recomendables: dificultades para viajar, para acceder a un bar, cafetería, hotel o restaurante. Veto para practicar deporte en gimnasios y polideportivos públicos y prohibición de acudir a teatros o conciertos. El mundo es menos seguro con antivacunas, pero la administración no puede olvidarse de ellos. Tiene el doble reto de proteger por igual a la sociedad dual que sale de la pandemia. Los vacunados y los que rechazaron el fármaco.
