Al igual que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, el Govern se está planteando la posibilidad de exigir, a partir de septiembre, el certificado covid o una prueba negativa cada 72 horas, en el caso de no estar vacunado, para poder acceder a bares, restaurantes y determinados espacios deportivos cerrados.

A estas alturas de la pandemia y con el camino recorrido está claro que tal alternativa no puede contemplarse a la ligera y que, en todo caso, debe ir acompañada de medidas garantistas, tanto en el plano legal como sanitario, porque de lo que se trata es de hacer valer los derechos básicos y la salud de la ciudadanía. La incertidumbre actual sobre la cuestión parece responder a un compás de espera de una normativa estatal que cubra la protección sanitaria en los espacios cerrados.

La idea de establecer un certificado o pasaporte covid para los no vacunados surgió en Francia semanas atrás y desde entonces España la ha contemplado como posibilidad a tener en cuenta. Falta su marco legal. En Galicia su Tribunal Superior ya ha tumbado la iniciativa semejante de la Xunta y, en buena lógica, el Govern de Francina Armengol no quiere pasar por el mismo trance que el Ejecutivo de Alberto Nuñez Feijóo.

Por otra parte, algunos de los colectivos afectados se han apresurado a rechazar una medida que califican de discriminatoria. Cuando la consellera Fina Santiago ha anunciado un posible control de quienes acudan a gimnasios, a la correspondiente sección patronal de la CAEB le ha faltado tiempo para quejarse. Pide que las restricciones a aplicar sean, en todo caso, uniformes, dialogadas y consensuadas. Nadie quiere pagar los platos rotos de los demás. O las carencias de previsión y control.

En estos momentos la cuestión de fondo sigue estando en la vacunación. A excepción de los menores de 12 años, hoy el resto de sectores de la población ha podido vacunarse incluso sin cita previa. Quien no lo ha hecho ha actuado en base a una convicción o postura personal contraria a la inmunización contra la covid-19. El hecho es que una parte nada despreciable de la ciudadanía ha actuado de esta forma y hoy constituye la población de mayor riesgo. Las UCI de los hospitales mallorquines dan claro testimonio de ello.

La presidenta del Govern no ha tenido reparo alguno en calificar como «falta de respeto» a la sociedad el no vacunarse y la consellera de Salud, Patricia Gómez, se ha mostrado clara partidaria de la inmunización obligatoria. Pero hoy, en España, nadie puede ser vacunado en contra de su voluntad.

Se trata, por tanto, de saber lidiar con la realidad, agrade o no, con garantías suficientes. Este es el mejor certificado que puede extenderse para seguir plantando cara a la covid. Sin duda, con la variante Delta activa y nuevas olas de contagio, aunque menores, a la vista, será necesaria la vigilancia constante y el establecimiento de medidas concretas. Para ello, el gestor público y el legislador deben trabajar a la par para establecer cimientos de seguridad y eficacia. Debemos acabar con las constantes escenas de medidas administrativas que después son tumbadas por los tribunales. Esta situación, aparte de ineficaz, no hace más que crear desconcierto y rebajar la necesaria responsabilidad ciudadana.