Se ha cumplido un año desde la salida del rey emérito Juan Carlos I hacia Emiratos Árabes, donde reside de forma permanente, viajando a otros países pero no a España. La decisión de este exilio más o menos voluntaria fue adoptada por las altas instancias del Estado, después de ponderar, se supone, todas las circunstancias concurrentes: los graves hechos que se imputan al anterior monarca y que forzaron su abdicación, las irregularidades fiscales que se han descubierto más tarde y que se cometieron presuntamente y cuando y el exrey había perdido la inviolabilidad, y también la larga y brillante historia de servicio púbico que ha dejado escrita don Juan Carlos I, el promotor de un fecundo proceso de construcción democrática que nos ha traído hasta aquí y que ha dado lugar a uno de los regímenes más fecundos del mundo.
Pues bien: algunas voces preclaras, como la del notario y ensayista López Burniol, han pedido ya sin ambages que cese esta situación irregular y que el rey regrese a España en el marco de respeto que se merece, sin perjuicio de que se depuren las responsabilidades en que haya podido incurrir. El confinamiento de Juan Carlos en un país remoto es realmente una indignidad porque significa que quienes deberían abordar el problema no tienen otro interés que eludirlo. Don Juan Carlos debe regresar y quienes lo reciban tendrán que idear y mantener los necesarios equilibrios para que ese respeto que merece quien ha prestado servicios tan significativos a España no impida que el rey emérito responda por sus actos. Hay modos de hacerlo de manera que se preserve la dignidad del mandatario sorprendido en falta —todos somos humanos y falibles— y la dignidad del Estado, que se basa en la igualdad de todos ante la ley.
