Tras despachar y comer con Felipe VI en Marivent, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trasladó el martes hasta el Consolat de la Mar para mantener un cambio de impresiones con la jefa del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol. Fue una escenificación con pocas variantes respecto a veranos anteriores y que mantuvo las conocidas dificultades para pasar de lo protocolario a lo concreto, en cuanto al sellado de compromisos del Gobierno en lo relativo a su aportación a la financiación realista de Balears.

Si bien es cierto que Pedro Sánchez se refirió de forma más explícita que nunca al factor condicionante que comporta la insularidad para este archipiélago, también quedó patente la carencia de detalles específicos capaces de aportar esperanzas sólidas sobre una recepción de fondos estatales pendientes y que quedan postergados una y otra vez.

A la salida de Marivent, el presidente del Gobierno hizo alusión a un «compromiso que es inédito con Balears» pero parecía referirse más bien a los 855 millones de ayudas procedentes de los fondos europeos, consecuencia de las restricciones impuestas por la covid-19, que recibirán empresarios y autónomos, preferentemente para incentivar la digitalización y la transición energética.

Estas ayudas, justificadas por las abruptas dificultades que ha alimentado la pandemia, no pueden sustituir y ni siquiera equipararse, con la parte fiscal del Régimen Especial de Balears que todavía está por desplegar. Pedro Sánchez afirmó que su gabinete está trabajando con el Govern «codo a codo para incluir la insularidad» en este REB.

Siempre con buenas palabras, el presidente del Gobierno habló de una visita a Mallorca «intensa, larga y fructífera». Este último aspecto es el que interesa en particular, pero si atendemos a la versión del encuentro ofrecida por la presidenta del Govern, los resultados no se pueden esperar de forma inmediata por mucho que se trabaje en la inclusión de la insularidad en los Presupuestos del Estado de 2022. Es así porque, según la misma Armengol, todavía se negocia el momento oportuno para aprobar y tramitar el anteproyecto necesario y «se explica la realidad del Balears al nuevo secretario de Estado de Economía». Es decir, permanecemos enrocados en la fase informativa y de aporte de documentación de una Comunidad balear que no logra tener peso político propio en Madrid.

Al hilo de las mismas expresiones utilizadas por el presidente Sánchez, lo verdaderamente «inédito» radica en la actitud que se empeña en mantener el Gobierno con respecto a la financiación de Balears. No hablamos de trato preferente, reivindicamos aportación consecuente con la realidad y la necesidad insular.

Los discursos oídos el martes, a la salida de Marivent y en el Consolat de Mar, salvando pequeños matices, son repetitivos y desgastados, suenan a viejo disco rayado cuando lo que necesita Balears es trato digital moderno para atender sus infraestructuras y servicios públicos. Es la misma actitud de la Administración la que obliga a reivindicar, una y otra vez, una financiación estable y consecuente para Balears que en modo alguno puede ser puntual, sino permanente y asegurada por el ordenamiento jurídico vigente. Hacienda está obligada a entenderlo.